Oposición al uso de bromadiolona para envenenar topillos en CyL

El Programa Antídoto, que engloba a nueve organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza, muestra su oposición a la decisión de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León autorizando el uso de bromadiolona y recuerda que  esta sustancia, que se ha venido utilizando como veneno para el topillo campesino en la región, ha sido excluida del Registro Oficial  de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha conseguido del Ministerio (MAPAMA) su utilización por vía de excepcionalidad, lo que supone continuar y profundizar en el grave deterioro y desequilibrio en los sistemas agrícolas afectados.

La bromadiolona  es un veneno rodenticida  muy persistente en el medio natural, ya que transcurridos 318 días desde su ingesta por un roedor, la concentración en su organismo sólo se reduce a la mitad. Este hecho ocasiona una cadena de envenenamientos en los depredadores de roedores, como es el caso del milano real, especie catalogada como “En peligro” y cuya principal población invernante mundial se encuentra en Castilla y León.  De hecho, se ha comprobado una notable disminución de las poblaciones reproductoras en zonas tratadas con rodenticidas mientras que, en las comarcas  donde no se ha empleado veneno en el pasado, los efectivos crecen.

Las nueve entidades que forman  parte del Programa Antídoto –centrado en la lucha contra el envenenamiento en el medio natural– recuerdan a la consejera de Agricultura y Ganadería y al consejero de Fomento y Medio ambiente de Castilla y León que buena parte de los problemas actuales con los roedores agrícolas  podrían solucionarse con  técnicas alternativas.  Sin embargo, estas medidas apenas se están aplicando, ni se ha dado  prioridad a la lucha biológica, es decir, a fomentar los  predadores naturales de los roedores y los hábitats de estos predadores para hacer sus poblaciones más estables y abundantes, ni se están  utilizando técnicas de manejo de cultivos como el labrado de las alfalfas que superen los umbrales de riesgo y otras.

El Programa Antídoto subraya que, la normativa impone que  para que puedan emplearse los rodenticidas, es preciso que se hayan puesto en marcha otras medidas no químicas y, además, han de haberse superado los umbrales poblacionales de tratamiento. En este momento, se desconocen los umbrales anualmente medidos y seguidos por zonas geográficas en Castilla y León, así como la eficacia de las medidas adoptadas.  Umbrales y medidas que, por imperativo legal,  debían haber sido comunicadas al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anualmente, desde que en 2007 se hizo la declaración de plaga, sin que así se haya hecho.  La Consejería de Agricultura no ha contestado a las solicitudes de información de las ONG que han  solicitado reiteradamente estos datos. 

Por otro lado, las ONG recuerdan  que ya en la plaga de 2007 los estudios confirmaron que las poblaciones de topillos decayeron igualmente y en iguales periodos de tiempo en las zonas tratadas con rodenticidas que en las no tratadas. Lo que se ha repetido en situaciones posteriores, al menos en 2011 y 2014.

El Programa Antídoto está formado por  9 organizaciones: WWF España; SEO/Birdlife; Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS); Fundación Oso Pardo (FOP);  Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ);  Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA); Ecologistas en Acción; Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y Asociación Veterinaria para la Atención a la Fauna Exótica y Silvestre (AVAFES Canarias).

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