Denuncian que Castilla y León pide ampliar la caza del lobo basándose en censos desactualizados

lobo

El vocal representante de grupos conservacionistas del comité consultivo del Plan de Gestión del Lobo en Castilla y León, León Alberto Fernández, y la Sociedad Española para la Conservación y Estudios de los Mamíferos aseguran que la petición de la Junta de Castilla y León para que la Unión Europea permita la caza del lobo al sur del Duero se basa en censos de la especie de hace una década, y además aseveran que no se ha tenido en cuenta a otras comunidades con presencia de este animal.

En declaraciones a la agencia EFE Alberto Fernández ha recordado que en 2000 se elaboró un censo del lobo en Castilla y León, mediante un estudio «transparente» por parte de reconocidos científicos. Posteriormente la Junta de Castilla y León ha ofrecido datos de la especie pero sin posibilidad de evaluar cómo se han obtenido, sin que estén sujetos a un diagnóstico científico, ha aclarado este biólogo.

Por ello, Fernández considera que es difícil demostrar sin esa base científica que exista un aumento de ataques del lobo al ganado y que, si es así, este incremento se deba a que realmente hay más lobos.

Fernández ha subrayado que la Junta solo posee datos de los ataques por los que tiene que asumir gastos patrimoniales, como en reservas de caza, pero no de toda Castilla y León. Además, las organizaciones agrarias poseen otros datos, que «no entramos en si son ciertos o no», pero que son insuficientes para «determinar una tendencia» científicamente, ha añadido al respecto.

Por su parte, la SECEM ha solicitado a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que «sustenten con rigor científico sus políticas de gestión faunística».

La SECEM, asociación que integra la mayoría de expertos en la dinámica poblacional de mamíferos de España, ha advertido en un comunicado de que «se toman decisiones que afectan a este grupo faunístico sin suficientes datos científicos que las respalden».

Además, aseguran que «tampoco se ha consultado al resto de comunidades que tienen al lobo como especie protegida al sur del Duero», es decir, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, «ni con los comités de expertos del Ministerio».

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