WWF exige que se detenga “el exterminio oficial del lobo en un tercio de Asturias”

La organización WWF ha escrito a presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, para pedirle que rectifique y paralice “la medida desproporcionada, claramente ilegal”, de “dar carta blanca a los cazadores” para realizar batidas de lobos en un tercio de su territorio, “sin cupos, periodo de veda ni control científico ni de la guardería”.

Si la medida sigue adelante, WWF ha anunciado que acudirá a la Comisión Europea y la Fiscalía de Medio Ambiente, y denunciará la muerte de cualquier lobo a manos de cazadores, “para impedir el exterminio oficial de una especie protegida en Asturias”.

Según esta organización, el Gobierno del Principado “ha cruzado la línea roja en la persecución” del lobo ibérico, “alentando el exterminio total” de la especie en un tercio del territorio asturiano. La medida, incluida en el ‘Programa de actuaciones de control del lobo 2017-2018’, pretende crear zonas libres de lobo en las que los cazadores podrán abatir ejemplares libremente “sin ningún tipo de control”.

Para WWF, el Gobierno del Principado sólo pretende acallar las presiones de los sectores ganaderos más radicales y garantizar su apoyo. “Sin embargo, el lobo no supone una amenaza para el futuro de la ganadería en Asturias: según los propios datos del Principado, el importe de los daños de lobo es inferior al 0,4% de la renta agraria regional, y este año los daños declarados al Principado y a Agroseguros se han reducido hasta un 40%”.

“Además de injustificable, alentar el exterminio de una especie protegida por la legislación europea y española a manos de particulares es para WWF una medida manifiestamente ilegal”, advierte WWF. Por eso, si Javier Fernández no rectifica, la organización enviará una queja a la Comisión Europea e informará a la Fiscalía de Medio Ambiente. WWF también denunciará las batidas de lobo que se produzcan a raíz de la medida, asegurando que algunos cazadores asturianos ya han mostrado su reticencia a participar en el plan del Principado, “por la inseguridad legal que les supondría”.

La organización ha iniciado una campaña online para reclamar la retirada de la medida.

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