Los cazadores españoles y especialmente los andaluces tienen nuevos motivos de preocupación. El pasado 27 de marzo de 2012 la Junta de Andalucía publicaba en el BOJA el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
La Federación Andaluza de Caza (FAC) trasladó a la Real Federación Española de Caza (RFEC) su preocupación por algunos aspectos del decreto que, sin afectar directamente a la caza (ya que se trata de una norma ambiental) afectan a actividades y cuestiones directamente vinculadas a la venatoria, como las reservas ecológicas, la tenencia y cría en cautividad de especies de fauna autóctona, los planes de recuperación de especies amenazadas, los corredores ecológicos prioritarios, y una excesiva regulación del uso de vehículos en el medio natural que asfixiaría, si se aplicara, la práctica de las monterías y las cacerías en general en los meses de invierno.
La RFEC ha decido formalizar un recurso contra el decreto de referencia dentro del plazo de dos meses habilitado al efecto. En el momento de formalizar la demanda, la RFEC dará a conocer de una forma más exhaustiva los fundamentos técnicos y jurídicos que la han llevado a cuestionar la norma.
