En la prensa

El Principado propone la caza de 66 lobos para reducir los daños a los ganaderos

Fuente: abc.es

El Gobierno del Principado es partidario de controlar la población de lobos en la región con cacerías programadas hasta finales de 2013 con las que dar muerte a un máximo de 66 ejemplares y reducir así los daños que estos cánidos provocan a la cabaña ganadera.

 

La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos ha trasladado esa propuesta al comité consultivo del Plan de Gestión del Lobo para reducir la población de cánidos que hay en la dos terceras partes de la región y que oscila entre 30 y 35 grupos familiares.

Según informa la Consejería de Agroganadería, el objetivo es reducir los daños que producen en la cabaña ganadera que, de media anual, afecta a unas 3.500 reses y supone el pago de indemnizaciones de un millón de euros.

El programa, presentado por la directora general de Recursos Naturales, Fina Álvarez, sigue los mismos criterios que en años anteriores, según informa el Gobierno, que asegura que las cacerías se llevarían a cabo en siete zonas: noroccidental (un máximo de 2 ejemplares), el Palo-Esva (18), Suroccidental (8), centroccidental (16), central (9), centroriental (9) y zona de influencia de Picos (4).

Según Fina Álvarez, con este plan se pretende garantizar la conservación de la especie y salvaguardar los intereses de los ganaderos, que han visto cómo se han incrementado los daños provocados por esta especie en los últimos tiempos.

En relación a los controles realizados entre 2011 y 2012, se han abatido 12 ejemplares de los 47 autorizados, a los que hay que sumar 11 ejemplares muertos en otras circunstancias (venenos, accidentes de tráfico o lazos).

A día de hoy están pendiente de abono 869 expedientes de 2011, que suponen una indemnización de 314.000 euros y 1.590 expedientes de este año, por un valor de 487.449 euros.

Según la Directora General de Recursos Naturales, el Gobierno del Principado se propone hacer frente «con la mayor premura a la liquidación de las indemnizaciones pendientes y a buscar fórmulas que permitan acortar los plazos de pago de daños», así como a articular sistemas de control de población eficaces.

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