Fuente: levante-emv.com/castello
La práctica de la caza de la cabra hispana salvaje en la provincia de Castelló genera un volumen de negocio de más de 2,5 millones de euros a pesar de que esta cifra ha descendido en cerca de un 50 % debido a la crisis económica, según confirmaron fuentes próximas a la Asociación de Agentes Medioambientales de Castelló. Este año, el Consell ha autorizado la caza de 1.090 ejemplares de esta especie protegida en Castelló.
Eso sí, se trata de una actividad no exenta de críticas y los
propios agentes ambientales denuncian la falta de control, la
gestión errónea de la conservación de la especie, la pérdida que
supone para los ayuntamientos la adjudicación a empresas privadas
-a partir del año 2000- y supuestas disparidades en la
adjudicación de los cupos de caza a los diferentes cotos por
parte de la Conselleria de Medio Ambiente.
En la provincia de Castelló operan alrededor de 60 cotos de caza
que atraen cazadores nacionales e internacionales en busca del
«trofeo» de la cabra hispánica, una especie que actualmente sólo
puede encontrarse en las provincias de Castelló, Teruel y
Tarragona.
Rusos, americanos o incluso australianos se ven atraídos por la
fiebre de la caza de uno de los animales que corona las cimas del
interior de Castelló.
En principio, cada coto de caza obtiene un número determinado de
autorizaciones y posteriormente puede gestionar la venta del
derecho de caza de cada uno de los animales, a un precio que
ahora llega a alcanzar los 3.500 euros para los mejores trofeos
de oro (6.000 antes de la crisis) en función de las dimensiones y
la belleza de la cornamenta de los animales mayores de 11 años.
La mayor parte del dinero que mueve la afición de la caza de la
cabra en Castelló proviene de los 138 animales susceptibles de
ser trofeos y cuya captura ha sido autorizada por la Conselleria
de Medio Ambiente. De forma paralela, se autoriza la caza de 584
hembras (cuyo valor económico o precio de captura oscila entre 0
y 200 euros), 72 machos de 1 a 5 años, 64 machos de 6 a 9 años,
43 machos de 10 a 11 años y 189 animales denominados
«selectivos», que son aquellos en los que se detecta algún
«defecto» o no cumplen los requisitos exigidos por los protocolos
de esta especialidad cinegética.
Una de las críticas de los agentes medioambientales es que la
gestión de los permisos se autoriza a empresas intermediarias y
que se pierde la oportunidad de generar ingresos para las arcas
de los municipios del interior que pierden las posibilidades de
este recurso. Además, el colectivo de guardas lamenta que la
selección de las piezas cazadas no siempre es la adecuada y que
no existen medios para controlar el furtivismo o el exceso de los
límites.
