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Turistas y caza chocan en el Parque Nacional de Guadarrama

parque nacional sierra de guadarrama

Aunque la idea generalizada es que en los parques nacionales no se caza, en el de Guadarrama la actividad no ha disminuido desde su creación hace dos años. El sindicato de agentes forestales de UGT se queja de que no pueden garantizar la seguridad de los visitantes, que han aumentado considerablemente por la publicidad que ha supuesto su declaración. La Comunidad estudia trasladar la caza en zonas públicas a días entre semana y limitar la ocupación del espacio por parte de las monterías, pero mientras ha ordenado multar a quienes entren en ellas sin permiso.

La creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no ha traído el fin de los usos considerados incompatibles, como la caza o el aprovechamiento de madera. Una moratoria introducida para estos usos, de diez años para la caza, permite que la actividad continúe como hasta el momento de su declaración. Un año después el Parlamento también introdujo una moratoria para la caza en parques nacionales. «Desde el principio dijimos que la ley del Parque Nacional de Guadarrama no iba a servir para nada», asegura Nines Nieto, de Ecologistas en Acción. Además, mientras que en la parte castellanoleonesa del parque ya se ha suspendido la caza en los terrenos del Estado y de la Junta, en Madrid se sigue cazando también en los terrenos públicos. Fuentes de la Junta han detallado que Castilla y León ha asumido la pérdida de ingresos por el fin de esta actividad en sus terrenos y que el Organismo de Parques Nacionales asumirá las compensaciones a propietarios privados en el futuro.

Cada año la Comunidad da permiso para 13 batidas de jabalí como control de población, aunque las asociaciones ecologistas y agentes forestales denuncian que no se conocen estudios de población ni de esta especie, ni de la cabra de montés, que también se caza en el parque. La Consejería de Medio Ambiente asegura que estas batidas «son necesarias para controlar las poblaciones silvestres y evitar problemas que pueden causar, como acciedentes de tráfico provocados especies de caza mayor, cuestiones sanitarias de la ganadería extensiva o daños a prados». Además, apunta que tienen un «carácter tradicional y casi antropológico por el fomento de la cooperación y solidaridad entre los vecinos de la zona». Eso sí, aún no dispone de planes de control de estas especies, pero los llevará «próximamente al Patronato» del parque nacional, cuando podrán ser consultados. Además, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, aseguran que tras la moratoria, que acaba en 2023, se seguirá cazando jabalí, ya que seguirá siendo necesario controlar las poblaciones.

UGT puntualiza que los controles de población se deberían hacer por parte de empleados públicos y con selección de los ejemplares para un mejor control de población. «Los cazadores matan a los más valiosos», asegura el sindicato. Así se ha comenzado hacer en el Parque Nacional de Monfragüe este mismo año, donde ya no se podrán cazar ciervos macho, por ejemplo. También ha comenzado a limitarse la caza dentro de este parque nacional en fincas que tienen terrenos dentro y fuera del mismo.

Pero en el parque nacional no solo se cazan poblaciones consideradas abundantes, sino también algunas calificadas por SEO/BirdLife como en vulnerables en su Lista Roja Europea. Es el caso del zorzal, cuya caza está permitida en la parte del parque nacional que no coincide con el antiguo Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. «La ley obliga a una caza sostenbile. No se pueden cazar especies en declive salvo que tengan plan de recuperación», asegura de modo general Juan Carlos Atienza, coordinador del Área de Conservación de Especies de SEO/BirdLife. En los últimos cinco años, se han cazad0 1.694 zorzales en el parque nacional, un «número poco significativo» para la Comundiad de Madrid.

Además, forestales y ecologistas piden que acabe la «opacidad» en la gestión de la caza en Madrid, una nueva ley que sustituya a la de 1970 como han hecho casi todas las comunidades y que se vaya reduciendo este uso progresivamente en el parque nacional. Apuntan dos maneras: no aprobar nuevos planes de caza en las fincas privadas y limitarla en las públicas, al no tener que llegar a acuerdos con propietarios. La Comunidad no se pronuncia sobre el futuro de los planes de caza en los 17 cotos existentes en el prque nacional y se limita a recordar que hay una moratoria de diez años. Sobre las 9 zonas de caza contralada, situadas en terrenos de la Comunidad o de los municipios, la Consejería también señala que lo único seguro es que a partir de 2023 no se seguirá realizando la actividad.

Multas a usuarios y negociaciones con cazadores

No obstante, ante el acuciante problema del aumento de usuarios, con 2,8 millones de visitas en 2014, propiciado por la publicidad que supuso la declaración de Guadarrama como parque nacional, la Comunidad está empezando a tomar algunas medidas. En el caso de las zonas de caza en terrenos públicos, para hacerla compatible con otros usos como el senderismo o la recogida de setas, «se está trabajando con las sociedad de cazadadores locales para intentar trasladar las jonadas de caza a días entre semana y en conseguir las capturas necesarias para mantener el equilibrio biológico con menor ocupación del terreno». Ahora se puede cazar jueves, sábado y domingo, y desde este año hay un permiso de caza único para cinco comunidades, lo que aumenta la presión cinegética.

Además, una reciente resolución del director general de Medio Ambiente anuncia que el personal del parque colocará con 48 horas de antelación barreras de corte en las que figure la mancha de caza, algo que hasta ahora tenían que hacer los propietarios y no siempre se cumplía. La resolución pide, asimismo, a los agentes forestales información preventiva a los usuarios en los puntos de acceso a las manchas. Además, insta a proceder a denunciar a «aquellos que incumplan la citada prohición de acceso». Las multas son en base a la Ley Forestal y de Protección a la Naturaleza de la Comunidad, y podrían ir entre los 30 o 600 euros en el caso de ser leves, llegando hasta 300.000 euros en casos de reincidencia y daños a los recursos naturales.

Desde UGT, aseguran que es la decisión de poner multas es un «brindis al sol» y que es difícil controlar los accesos a las manchas, ya que la gente no solo utiliza los caminos por el monte y es fácil entrar en una montería sin percatarse campo a través. De hecho, denuncian los constantes problemas surgidos entre cazadores y viandantes, más debido a la escasez de agentes, cuya plantilla no se amplía desde hace 12 años y tiene una edad media de 50 años, por lo que están bajo mínimos en las diferentes comarcas. En las del parque nacional hay tan solo «cuatro efectivos en fin de semana». «No podemos garantizar la seguridad ambiental», denuncian.

Fue el caso, por ejemplo, de una montería en La Morcuera, según un informe de los agentes forestales de enero de 2015. En él se especifica que hubo que sacar a 12 personas -fuentes del cuerpo indican que eran menores de edad de excursión- de la mancha, «con un elevado riesgo para sus vidas», y que se avisó a 200 excursionistas en la ruta de las Cascadas del Purgatorio y otros 100 en el refugio de Morcuera de que tenían que dar la vuelta. «Todos ellos han manifestado su desacuerdo y malestar», indican en el informe, en el que también se avisa de que había señales arrancadas en algunas zonas.

Publicado en www.madridiario.es

 

 

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