Fuente: lne.es
La crisis de la caza, metida en el círculo vicioso de una drástica reducción de licencias y un incremento de costes que obliga a las sociedades a un alza de cuotas que a su vez disuade a muchos cazadores, ha conducido a los colectivos a una situación de «ahogo» que se adereza con una regulación «anticuada». «Nos condenan a muerte».
Es la forma que ha encontrado Andrés Álvarez, presidente de Fadovisa (la Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y Su Hábitat), para decir que la actividad cinegética reclama de la Administración regional una nueva reglamentación, más flexible y actualizada, que permita dotar a los cotos de una gestión empresarial y no arruine a las sociedades que los regentan. Fadovisa, que agrupa a 34 asociaciones de cazadores que administran 36 de los 49 acotados de la región, en total 412.000 hectáreas, ha resuelto que en señal de protesta sus asociados no optarán a la convocatoria de cacerías en las reservas regionales de caza, las que gestiona el Principado en las áreas protegidas.
Con su negativa masiva a acudir a esta adjudicación de permisos, insólita en los últimos tiempos, los cazadores calculan que dejarán de pagar más de 300.000 euros en tasas. Es su modo de llamar la atención sobre la profundidad de su crisis y sobre la urgencia de una reforma que enmiende la ley «anticuada» de 1989. Tal y como lo explica Álvarez, las sociedades son oficialmente entidades sin ánimo de lucro obligadas en la práctica «a funcionar como una empresa», con sus obligaciones y sus asalariados. De ahí su demanda de corrección de esa anomalía, de «más libertad» y menos trabas burocráticas, de un modelo que «adapte la normativa al modo en que se gestionan los cotos hoy en día».
De momento, han decidido no acudir a las cacerías del Principado, también porque entienden como un agravio que en éstas los cazadores locales paguen sólo la mitad de la tasa. El siguiente paso sería entregar los cotos, algo que aún no se plantea aunque ya haya dos, Tapia y Vegadeo, que han dejado desiertos los concursos de adjudicación. «Si todo sigue así, tal vez no hará falta entregarlos, se caerán solos», apunta Álvarez. Y el coste de gestión de las 700.000 hectáreas de cotos son unos seis millones de euros.
