Entre protestas de asociaciones protectoras, el Parlamento de Galicia ha iniciado la tramitación, solo con los votos del PP, de una ley de bienestar animal que prevé multas de entre 500 y 5.000 euros para quien recoja un perro o un gato abandonado sin contar con un permiso administrativo.La norma, que también incluye sanciones de entre 100 y 500 euros para quien alimente a un animal callejero, supone, según denuncian el PSdeG-PSOE y los grupos animalistas, un varapalo para los voluntarios que “de forma altruista” se dedican desde hace años al rescate de canes y felinos vagabundos o extraviados.
El proyecto de Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia, que tras su aprobación parlamentaria deberá ser desarrollada a través de un reglamento, califica en su artículo 39 de infracción grave “la recogida de animales vagabundos o extraviados sin la correspondiente autorización” y la “cesión en adopción de animales abandonados sin cumplir los requisitos establecidos”. Estos comportamientos serán sancionados con multas de entre 500 y 5.000 euros, iguales a las previstas, por ejemplo, para quien inflija “maltrato a los animales que les cause dolor, sufrimiento, lesiones o daños no invalidantes ni irreversibles”. También se castiga con hasta 5.000 euros la venta de animales «enfermos o con taras».
La norma del Gobierno gallego está inspirada en la ley de protección animal que aprobó la Comunidad de Madrid en 2016 pero con una diferencia importante. El texto madrileño impone sanciones de hasta 9.000 euros solo a las protectoras que recojan animales abandonados sin autorización, pero en ningún caso a particulares.
El PSdeG-PSOE, que ha presentado sin éxito una enmienda a la totalidad, ha acusado al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de aprobar una ley “elaborada en un despacho por personas que planean por encima de los animales”, “sin reconocer la labor desinteresada” de asociaciones protectoras y voluntarios y de espaldas al mundo rural. La socialista Patricia Vilán ha alertado de que la redacción de la norma en lo relativo a los daños sufridos por los animales pueden poner en aprietos a los propietarios de perros policía, de caza o lazarillos. “El mastín de un pastor puede sufrir daños durante su trabajo y no deberían ser sancionables”, ha reclamado la diputada del PSOE.
En su intervención en el pleno, la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Mato, no ha explicado las razones por las que se castiga la recogida de perros y gatos abandonados, pero fuentes de su departamento han señalado que el objetivo es «dar garantías a los animales recogidos y a sus propietarios» y que se pueda comprobar si tiene dueño y se ha perdido. «Lo que se pretende es que una persona pueda recoger un animal abandonado, pero que a continuación lo lleve a un centro autorizado donde se puedan hacer todas las comprobaciones oportunas», señalan desde la consejería.
La nueva ley endurece los requisitos administrativos y sanitarios que deben cumplir estas entidades, lo que a su juicio supondrá abrir el abandono de animales al “negocio de empresas privadas”. La consejera de Medio Ambiente ha prometido impulsar en el futuro una línea de ayudas para que estos colectivos se adapten a las nuevas exigencias legales.
Fuente: elpais.es
