Fuente: Larazon.es 01/06/2012 Belen Tobalina
El anuncio del Ministerio de Agricultura de autorizar, mediante concursos públicos, la realización de monterías y recechos (modalidades de caza mayor) en dos fincas ubicadas en Toledo y Jaén, propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), ha despertado el interés de unos y el monumental enfado de otros. El objetivo de esta iniciativa: conseguir ingresos. Algo que no ha sentado nada bien en Ecologistas en Acción, que inmediatamente de saberse la noticia solicitaron que se anulara la subasta al considerar esta medida de un «paso atrás» en la protección y conservación.
Sin embargo, se da la paradoja de que en estas fincas hasta ahora los responsables de abatir a los animales para hacer el control poblacional de especies, como los ciervos, los corzos y los jabalíes, eran los propios guardas o técnicos contratados para esa función. Dicho de otro modo, si hay un exceso de población de una especie se va a cazar, bien por placer o bien por trabajo, ésa sería la única diferencia. Es decir, que se va a cobrar por hacer este servicio. Algo que al Ministerio de Cañete le servirá de balón de oxígeno al haber descendido su presupuesto en un 29 por ciento respecto al ejercicio anterior. La medida ha sido bien acogida en la Real Federación Española de Caza (RFEC). «De no autorizar esa caza, la hubiera hecho el personal de la Administración con cargo a los presupuestos públicos. La situación de las especies es estable, con muy buenas densidades», afirma su presidente, Andrés Gutiérrez Lara.
Qué pasaría de no cazar
De hecho, de no cazar (por trabajo o por placer), «prácticamente todas las poblaciones de ungulados, como ciervos, jabalíes…, se dispararían al igual que las posibilidades de enfermedades, infecciones y daños a la cubierta vegetal».
En concreto, según los datos recogidos por EFE, la autorización de monterías y recechos entre 2012 y 2013 en la finca de Quintos de Mora (en Los Yébenes, Toledo) saldrá «a subasta» por 90.000 euros, y la licitación en Lugar Nuevo Contadero-Selladores (Jaén), por 77.000.
Desde Ecologistas en Acción argumentan en un comunicado que los criterios económicos son «falaces», «porque el coste era muy escaso, dado que la medida se realizaba por los guardas de las fincas y las capturas eran vendidas a terceros, bien para carne, bien para reintroducciones. Y segundo, porque el dinero que se va a recaudar es muy escaso frente al beneficio ambiental que representa disponer de grandes fincas públicas gestionadas con criterios de conservación».
En finca sí; en Parque Nacional, no
Una visión distinta dan desde WWF. «Entendemos que se cace en estas fincas del OAPN siempre que sea necesario y se haga bajo supervisión científico-técnica. Aunque preferiríamos que se hiciera como hasta ahora por la guardería», explica Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. «Otra cosa bien distinta es si se autorizara en Parques Nacionales. Y el rumor que hay es que la futura Ley de Parques Nacionales podría, bajo el paraguas del control poblacional, autorizar la caza con fines comerciales por la fuerte presión que se está ejerciendo desde diferentes sectores, algo en lo que estamos completamente en contra», añade Del Olmo. El motivo: la función de los Parques Nacionales, la mayor figura de protección ambiental, es conservar la biodiversidad; otra cosa sería cazar en Parques Naturales.
En cambio, los cazadores aseguran que «el precio que se paga por las labores cinegéticas en los Parques Nacionales, algo que normalmente lo hacían con Tragsa, es desorbitado. El control de la población de cabras en Sierra Navada, por ejemplo, cuesta 600.000 euros anuales al parque». Y en cualquier caso, «lo más probable es que la guardería acompañe al cazador en caso de los recechos y que controlen la realización de las monterías, como –según la RFEC– se hace normalmente».
«Además, no sólo no se paga a supuestos especialistas por ese trabajo y además se ingresa dinero de los cazadores en las Arcas Públicos, algo esencial en estos momentos de crisis, sino que además se genera un turismo cinegético, por los traslados, hoteles, restaurantes… en esas zonas en las que se autoriza la caza», añade Lara. De hecho, en Castilla-La Mancha, donde hay 5.770 cotos privados de caza, el sector cinegético genera un negocio de 600 millones de euros al año y 6.572 empleos, según las Jornadas Cinegéticas de Castilla-La Mancha, celebradas en mayo en Los Yébenes.
Respecto al número de ejemplares que se podrá cazar, así como cuánto dinero se destina en la actualidad a estas funciones, es una incógnita. Este semanario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura y ha resultado imposible obtener una respuesta. Desde la Federación de Cazadores aseguran que «en Quintos de Mora es necesario abatir cerca de
500 ejemplares al año, pero nunca se han facilitado datos de esas cifras de control».
Otro de los aspectos criticados es que cualquiera de las fincas del OAPN es una reserva de especies cinegéticas. Si bien, aunque la noticia haya levantado ampollas, los cierto es que de diversos terrenos, como «Cabañeros, se han extraído ejemplares para repoblar fincas de caza», aseguran desde la Federación. Dicho de otro modo, ya no es que el técnico diera muerte a un ejemplar si el exceso poblacional así lo demandaba, sino que también se sacaban de la finca para poderlos cazar fuera de los terrenos del citado Organismo. En definitiva, guste o no, cazar se caza, otra cosa es hacerlo con fines comerciales.
