Entre los mensajes navideños que pude leer las pasadas Navidades era habitual uno que recogía la conocida frase del famoso estadista alemán Bismarck, sobre nuestro país: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. El día que deje de intentarlo, volverá a ser la vanguardia del mundo».
Este personaje ha sido reconocido y citado por otros grandes de la historia europea, por lo acertado de muchas de sus frases, incluso por las ocasiones en que éstas fueron una premonición. A él también se le atribuye aquello de: «El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación».
Si los franceses o los americanos tuvieran la suerte de contar con una región como Castilla-La Mancha, donde se hubiera conservado una especie de caza como la perdiz roja, con una gran demanda por parte de los cazadores, tanto del lugar como extranjeros, estoy convencido de que no serían necesarias las granjas para conservar zonas con cantidades de esta gallinácea. Convencido de que hubieran limitado al máximo sus depredadores, como la urraca o el zorro, que agricultores y ganaderos tendrían ayudas para evitar echar al campo productos que perjudicaran a la especie, y para que no llevaran a cabo acción alguna que perjudicara el hábitat ideal para su reproducción. Igualmente, estoy convencido de que habrían realizado promociones al más alto nivel de la carne de perdiz, de tal forma, que se hubieran multiplicado su producción en granjas y habría una ‘etiqueta negra’ para aquellos ejemplares abatidos originarios del campo. La prueba de lo que digo es que, cuando las gentes y gobiernos de estos países cuentan con una especie tan emblemática, sea cinegética o no, lo primero que hacen es conservarla dentro de sus fronteras, cuidarla por encima de cualquier cosa, promocionarla y sacar unos beneficios de ella. Es el caso de los chinos con el panda o de norteamericanos y mexicanos con sus especies de carneros y cabras salvajes. Por el contrario, cuando somos nosotros los agraciados, despreciamos nuestra suerte, como nos ha ocurrido con el regalo de la cabra montés a los franceses, a cambio de una condecoración a la ministra de turno y Dios quiera que por algo más.
En la actualidad, nuestra perdiz roja está en declive, pues los ecoabandonistas han conseguido que el control de sus predadores sea complicado y a esto suma que las ayudas para potenciar la especie no existen. Las grandes cacerías, tan codiciadas por los cazadores de todo el mundo, precisan de refuerzos de granja que palien lo que al campo ya no le dejan producir. Nuestros sucesivos gobiernos regionales nunca terminaron de promocionar esta realidad, se limitaron a menciones en discursos y a una nueva Ley de Caza que abandonaron, y sus propios autores denostaron, cuando el ‘sálvese quien pueda’, pero sin medidas reales que sirvieran para potenciar un aprovechamiento que realmente es una fuente de desarrollo rural y de riqueza para la región.
El daño originado por los abandonistas para ellos no es suficiente, aspiran a mucho más: ante la ceguera de nuestros políticos, quieren dar la puntilla final a la actividad cinegética. Los responsables de la Consejería de Agricultura, en su afán por modificar la nueva Ley de Caza en vigor, a la que deberíamos denominar La Huérfana, han permitido la presencia de tres grupos en la comisión de estudio-modificación que han formado. Como es lógico, los componentes de la comisión están aportando ideas y exponiendo sus pareceres, destacando entre las modificaciones que plantean los ecoabandonistas lo siguiente: que la Administración no promocione la actividad cinegética como un recurso de desarrollo.
Creo que está todo dicho, quieren que se olviden de los miles de jornales que proporciona la caza, del ingreso por arrendamientos, del turismo rico que trae la actividad y de su consumo y necesidades; en suma, de la riqueza que produce y, con ello, del desarrollo. Quieren que sus mentiras, tan amablemente recogidas y promocionadas por muchos medios de comunicación, sigan prosperando sin argumento que en alguna medida compense el perjuicio que ocasionan. Que deje de oírse aquello de la importancia económica y social de la caza, que se oculte esa realidad, muy en la línea que acostumbran, donde se sienten como pez en el agua: la mentira.
Pero en sus propuestas abandonistas de modificaciones de la Ley de Caza no se quedan en esto, no les basta que por ley se obligue a ocultar la realidad de un recurso de desarrollo rural, exigen más: que aprobando el examen del cazador no sea suficiente para cazar de por vida, piden que se repita cada cinco años; que los extranjeros que quieran cazar se examinen como cualquiera; que la edad para practicar la caza suba a los dieciocho… Una suma de cuestiones que sólo tienen como objetivo dificultar la práctica de la caza. Realmente, lo que cabría esperar cuando se permite que unos ‘antialgo’ sean los encargados de realizar la ley que regule ese ‘algo’. ¿Han conocido algo igual?
