Las declaraciones del consejero

Juan Caballero 600x400

La polémica sobre la propuesta normativa de modificación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, durante el mes de julio, ha cobrado fuerza. Todo ello a raíz de las declaraciones realizadas por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en el pleno de las Cortes regionales.

El dirigente afirmó que existía un 95% de consenso, entre ecologistas y cazadores, ante el texto que proponía su departamento para modificar la nueva ley aprobada en 2015. Lo indicado por Martínez Arroyo sorprendió, en mayor o menor medida, a todos aquellos colectivos que han estado acudiendo a la mesa de negociación. Espacio en torno al cual se discutieron las modificaciones que proponían los grupos ecoabandonistas; así como las modificaciones a las que aspiran y los artículos que quieren conservar los representantes de los cazadores.

La asociación que dio la alarma fue ATICA CLM a raíz de la multitud de llamadas interesándose por un texto que debía ser la panacea: cazadores que estaban de acuerdo en un 95% con las propuestas de los ecoabandonistas más extremas de nuestro país. La sorpresa llegó como consecuencia de que nadie conocía el texto definitivo, aquel que supuestamente marcaba un hito entre grupos irreconciliables. No lo conocían las asociaciones que componían la mesa, aunque esto último no me atrevo a afirmarlo al cien por cien. ¿Cómo podíamos estar todos conformes a ese nivel, si ni tan siquiera conocíamos el texto? Miembros de la propia Plataforma contra la Ley de Caza –formada por abandonistas que, en su mayoría, nada tienen que ver con esta autonomía– realizaron unas declaraciones a la prensa mostrando su extrañeza por las afirmaciones del consejero. Con todo, quedaba claro que ni abandonistas (muchos de ellos sindicalistas y políticos) ni cazadores y afines a la actividad, habían llegado a consenso alguno. Como consecuencia de este lío, la Consejería dio a conocer la normativa de modificación. Dicha propuesta, en la que se habían admitido algunas de las alegaciones realizadas por el sector, sigue sin solucionar el problema que se crea a los terrenos de propiedad privada que se constituyen como cinegéticos y se mantiene la exigencia ecoabandonista de eliminar la posibilidad, de la Administración regional, de fomentar y ayudar al sector cinegético. Al igual que no queda solucionada la insostenible carga administrativa a los servicios de caza; lo último, por no haberse corregido aquellos cambios que incrementan los trámites administrativos. Sin olvidar que se mantienen regulaciones propias de legislación medioambiental, así como la eliminación de modalidades de caza y otras cuestiones como la infinita dificultad para reducir los animales asilvestrados domésticos.

En mi opinión, es realmente escasa la posibilidad de que finalmente queden solucionados los problemas que crea a la actividad cinegética el texto propuesto. El peso de los ecoabandonistas y la colocación de sus peones en el tablero administrativo les llevarán a imponer sus propuestas. Los animales asilvestrados acabarán por dominar nuestras zonas rurales y con ello estos predadores, tanto de fauna cinegética como protegida, romperán el equilibrio existente. En el campo no veremos perdices, totovías, sisones o chorlitos, sino gatos, perros, cerdos vietnamitas y cotorras, entre otros. Además, nos alejaremos de las posibilidades que los cerramientos permiten en otras autonomías y en muchos países europeos de nuestro entorno, derivándose hacia ellos las posibilidades económicas y de empleo a que dan lugar. Todo ello sin olvidar la agresividad de las sanciones que propone el nuevo texto.

En relación con las sanciones, con independencia del aumento de su número, indicar que si bien se mantienen las cuantías y los intervalos de éstas, han añadido a continuación de las cifras la siguiente frase: «y del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido». Además, incluyen en las infracciones leves la posibilidad de suspender la actividad cinegética del acotado. Seguro que pueden imaginarse a los peones ecoabandonistas, bien posicionados en nuestra Administración, rompiéndose la mollera mientras cavilan cuál podría ser ‘el beneficio perseguido’ y la forma más dañina de justificar su valor.

Entiendo y, con independencia de que no estoy conforme con ello, considero loable que el consejero quiera cumplir las promesas electorales de su partido, en referencia a la modificación de la ley. Pero creo que debería buscar opiniones no contaminadas y hacer un análisis concienzudo de las modificaciones que pretende introducir. En distintas ocasiones ha demostrado un especial interés por la economía y el empleo en su región; por ello, que no se olvide del que realmente consigue la actividad cinegética a la que puede dañar irreversiblemente. Que tenga en cuenta que todas y cada una de las propuestas ecoabandonistas que han salido adelante terminan siendo inamovibles.

Por Juan Caballero de la Calle

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