La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978. En ella se propugnan como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y el pluralismo político, y «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas», e igualmente recoge que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».
Pero sobre todo expone, declara, manifiesta y afirma en su Capítulo II, referido a Derechos y Libertades, y más concretamente en su Artículo 14 lo siguiente: «Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
Pues bien, para vergüenza, sonrojo e ignominia de propios y extraños y a pesar de lo expuesto, declarado y manifestado por la Carta Magna, y que debiera ser de obligado cumplimiento por todos y cada uno de los estamentos políticos que nos gobiernan, o la Constitución española miente y no somos en realidad todos los españoles iguales ante la Ley, o existen varias varas de medir que se nos aplican por puro capricho, arbitrariedad y abuso a algunos, entre los que desgraciadamente me encuentro.
Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿hay derecho o justificación alguna a que los andaluces seamos ciudadanos de segunda comparados con otros habitantes de España en lo que se refiere a normativas relacionadas con los sorteos de caza y la homologación de trofeos? Como muestra, les comentaré de manera escueta dos eventos que nos diferencian del resto de comunidades de España en estos dos ámbitos.
La primera está referida a la homologación de trofeos de caza mayor. Aquí se cobra por homologar trofeos, en contra de lo que ocurre en el resto de España; y según donde haya que medir uno se encuentra con muchas o ninguna traba para que los homologadores se desplacen a hacerlo. Así, por ejemplo, el que tenga su taxidermista en Granada goza de pocas posibilidades de ser atendido, y para lograrlo hay que enfrentarse con la Junta para conseguirlo, y eso que existen suficientes dietas o recursos económicos similares para cubrir esos desplazamientos. El argumento que me dio hace un tiempo un “funcionario” en uno de esos encuentros con la Administración es que si no estaba contento aquí que me fuese a medir a otra autonomía. Y se quedo tan tranquilo, «que eso era lo que había». Resumiendo, en Andalucía se paga por medir y según donde tengas el taxidermista llegas a medir este año o el que viene. La tasa no es elevada -o sí lo es, todo depende de cómo se mire-: son 38,38 € por trofeo medido y que haya obtenido puntuación para ser medallable. En caso de no alcanzar suficiente puntuación y no entrar a trofeo no te cobran nada.
La segunda es nueva, y aún está calentita. Este año nos hemos encontrado los cazadores andaluces que todavía creemos en sorteos y recechos por parte de la Administración con la sorpresa de que para poder acceder no ya a cazar en un coto público andaluz, sino a entrar en la lista de posibles agraciados tras el sorteo correspondiente, había que efectuar previamente un ingreso en métalico en una entidad bancaria determinada, que oscilaba, dependiendo del coto y de la especie a abatir, entre los 129 y los 216 euros. Este «ordeno y mando» aparentemente sólo sirve para gravar aún más al modesto cazador que utiliza estas ofertas de caza porque su bolsillo no le permite acudir a grandes monterías y recechos donde “el taco” es el que pone a cada cual en su sitio. Sera un efecto directo de la crisis o de la idea calenturienta de algún iluminado para sacarnos el dinero antes de ir incluso al sorteo correspondiente.
En la solicitud de participación como cazador de recechos y puestos de monterías y batidas a celebrar en los terrenos de titularidad de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía correspondiente a la temporada cinegética 2012-2013, y en su apartado segundo, aparece recogido textualmente: «justificante acreditativo de haber depositado el importe de la garantía provisional según el permiso solicitado en el número de cuenta 0030-4296-43-0375107273, entidad Banesto». A continuación en el apartado tercero de la misma solicitud aparece textualmente: «certificado de titularidad bancaria a efectos de devolución de la garantía provisional en caso de no resultar agraciado».
O sea, que como paso previo para poder acceder a un sorteo tienes que pagar por adelantado y si no eres agraciado se te devolverá tu dinero, pero no dicen en qué plazo se te hará la devolución. Así es que tienen tu dinero durante un tiempo indeterminado y lógicamente podrán emplearlo en lo que más oportuno les parezca, o quizás no lo hagan, pero, ¿quien controla al controlador?
Eso sí, para que no haya la más mínima duda al respecto de las condiciones técnicas de ejecución del hipotético contrato que se suscribe para poder acceder a un rececho, montería o batida y para “protección y amparo” del sufrido cazador, se recoge claramente que: «si por causas ajenas a la voluntad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía no pudiera realizarse en la temporada cinegética o se realizara con resultados poco satisfactorios para el agraciado, éste NO PODRÁ reclamar a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ni la devolución del precio, ni indemnización de daños y perjuicios». Por lo que pueda pasar. Esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas.
Tras esta exposición no me queda sino hacer una reflexión y preguntarme, ¿merece la pena ser cazador y cazar en Andalucía a día de hoy? La respuesta la dejo abierta porque, como decía el viejo califa del toreo cordobés Guerrita, «hay gente pa tó».
Hay que ir terminando, pues lo que empezó queriendo ser una corta queja de un cazador que lleva medio siglo aguantando caprichos, desvaríos, despropósitos, abusos, arbitrariedades, atropellos, quimeras, errores y desatinos -y lo voy a dejar aquí aunque sería fácil seguir poniendo epítetos-, se ha transformado en una declaración y condena de algo injustificable. Pero hay que seguir, tenemos la obligación de trasmitir a los hijos lo que nos llegó de los padres, aunque sólo sea por este motivo.
Pero no todo ni todos pueden ser malos ni regulares. Me consta que hay profesionales y gente seria entre este personal que constantemente nos importuna e incómoda, gente con otro estilo, gente que hace sus deberes y los hace bien, sin excluir ni marginar a nadie y presumo de que alguno de estos me honra con su amistad.
Y termino diciendo que si los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución, ésta miente cuando asevera que «los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
