AGCE recurre contra la orden de desescalada y la arbitraria y discriminatoria decisión de prohibir la caza en la fase 1.
Según su presidente D. Roberto M. Aparicio, «El hartazgo producido en el sector cinegético y los perjuicios a los autónomos y empresas del sector que representa la Asociación de Gestores Cinegéticos de España (AGCE) indefensos ante el ataque de este gobierno, obliga a la AGCE a interponer con fecha de 13 de mayo un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la Orden SND 399/2020, que regula las actividades que pueden desarrollarse durante la fase 1 de la ‘desescalada’». En el que han participado en su redacción varios juristas especialistas en derecho administrativo y cinegético dirigidos por el letrado D. Raúl Guzmán.
AGCE pide que la Orden SND 399/2020 se suspenda Supremo
En ese ámbito la AGCE PIDE QUE SE SUSPENDA SU APLICACIÓN DE FORMA INMEDIATA y alega que «Su motivo viene dado porque tal orden prohíbe de forma expresa las actividades de la caza y la pesca durante esa fase 1, pese a que, no están suspendidas por el RD 463/2020, de declaración del estado de alarma. Sin ningún tipo de justificación sanitaria y sin ninguna explicación razonada ni trasladada al sector».
Como indica Roberto M. Aparicio presidente de la AGCE, «La caza y la pesca nunca han sido suspendidas, siendo estas actividades completamente legales y absolutamente necesarias para el medio natural y base de la subsistencia de la llamada España Vaciada, por más que su ejecución haya estado muy condicionada por las limitaciones al derecho de libre circulación establecidas en el precitado RD 463/2020. Sin embargo, por las mismas razones, su vuelta a la normalidad tiene que venir forzosamente de la mano de la restitución del derecho a la libre circulación, siendo incomprensible que los ciudadanos puedan circular, pero no puedan desarrollar unas actividades que nunca han estado suspendidas».
No existen razones sanitarias para la prohibición Supremo
Como ya se ha dicho por nuestro presidente No existen razones sanitarias para impedir realizar actividades que, por su propia naturaleza y por las modalidades que pueden practicarse en este momento de la temporada (básicamente recechos y aguardos), precisan de un enorme aislamiento, sin afección a la sanidad publica, muy superior, por ejemplo, a las actividades al aire libre que sí permite expresamente la precitada orden.
Por todo lo expuesto, AGCE considera que se trata de una prohibición que no tiene sustento en el real decreto de declaración del estado de alarma, ni tampoco justificada por razones sanitarias y que sólo está motivada por razones ideológica, lo que esta asociación, en la legítima defensa de sus intereses, no puede admitir impasible y esta dispuesta a llegar hasta el final para defender la caza de este ataque. Supremo
