La supuesta desarticulación de una red de expolio de aves protegidas con ramificaciones en toda España, que el Seprona de la Guardia Civil llevó a cabo en julio de 2012 y que se suponía tenía su germen de operaciones en el Centro de Cría del Águila Imperial de San Jerónimo, en Sevilla, ha resultado ser un absoluto fiasco y que dos años después ha tenido que sobreseer el juez de Instrucción 14 de Sevilla ante la total “ausencia de indicios que pudieran atribuir delito alguno a los tres principales imputados”.
El auto, notificado hace escasos días a las partes, decreta el sobreseimiento de las actuaciones y señala que la intervención de los tres imputados fue en todo momento legal y fruto de su trabajo como miembros del programa de recuperación del águila imperial. Ni comercio de aves protegidas, ni delitos contra la fauna ni falsificación de diversos informes técnicos. La actuación de estas tres personas fue ajustada a sus atribuciones, según el auto de sobreseimiento.
Desmontando la teoría
El auto se apoya especialmente en el informe de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Junta sobre el plan de recuperación de esta especie en Andalucía, informe que el juez considera “sumamente relevante” para desmontar lo que antes el juez decano de Sanlúcar La Mayor, el controvertido Francisco Carretero, junto a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en materia medioambiental, Ucoma, habían instruido.
Miles de folios, meses de escuchas telefónicas, horas de grabaciones y multitud de agentes trabajando tras lo que no era sino un grupo de funcionarios haciendo su trabajo, recogiendo pollos de águila imperial para rescatarlos y reintroducirlos en los parques andaluces.
El caso saltó a los medios el mismo día en que se detuvo a los tres imputados, difundiendo la propia Guardia Civil vídeos y notas de prensa en las que no dejaba lugar a dudas de que se trataba de una red internacional, e incluso se habló en algunos medios de fraude en subvenciones y de millones de euros malversados. Se llegó a hablar de fraude de dinero público, de robo de pollos y hasta se utilizó el tema políticamente en contra de la Junta de Andalucía.
El resultado fue la paralización del proyecto, el cierre del Centro de Cría, la separación de los funcionarios y la negativa de otros integrantes del proyecto a seguir trabajando en tareas de campo por miedo a ser detenidos. Fuentes consultadas señalan que el verdadero daño a la fauna ha venido de la actuación del Ucoma junto con la del juez instructor, que, por otra parte, dejó los Juzgados de Sanlúcar para pasar a ser magistrado de apoyo del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla.
El Ucoma se incautó de abundante documentación, ordenadores y material de los imputados, que era necesaria para el desarrollo de su trabajo. Incluso se incautaron Cites (los documentos identificativos de las aves) que dos años después aún no han sido devueltos a sus propietarios.
La raíz de la operación
Al parecer, la Guardia Civil se basó en informaciones obtenidas de páginas web de internet como Fecaza, de la Federación de Caza, entidad que tenía un enconado enfrentamiento con los responsables del proyecto de conservación desde hace años.
También se basaba en quejas de detractores del proyecto de reintroducción de estas aves, como las presentadas por quien hace llamarse Unay Talara, un supuesto “etólogo” jubilado, que tenía desde hace años varias denuncias contra el Proyecto -habían sido todas archivadas- y que saltó a la “fama” por hechos tan insólitos como encadenarse en el Ayuntamiento de Ayamonte en solidaridad con el ciclista Contador.
De hecho, el juez llega a recordar en el auto que “en derecho penal carecen de validez y trascendencia afirmaciones genéricas sobre conductas sin concreción del objeto material de la conducta y de sus circunstancias de tiempo y espacio”.
Ya lo advirtieron
Los imputados se quejan de que advirtieron al juez instructor del error y del peligro que las actuaciones suponían para el programa de reintroducción, sin éxito alguno. Tampoco ayudó el que el propio Ministerio de Medio Ambiente cuestionara las actuaciones de la Junta de Andalucía en este proyecto, cuando precisamente los éxitos del mismo contrastaban con los fracasos de las actuaciones de otras regiones en su tarea de proteger a esta especie.
El auto de archivo señala que durante sus doce años de existencia los huevos y pollos estuvieron “en todo momento bajo el control” de la Consejería, ya sea a través de un agente o del director de proyectos, trazabilidad que es extensible a un pollo de águila real extraído por error.
Sin indicio alguno
Y concluye que “no podemos afirmar indicios de que los imputados hayan realizado dolosamente un expolio de nidos ni que las extracciones hayan sido contrarias a la normativa aplicable o hayan afectado al bien jurídico protegido por el tipo penal. No podemos afirmar un daño natural, al medio ambiente ni a la fauna o especie objeto de protección”.
En cuanto a la supuesta falsificación de documentos que la Guardia Civil imputaba al director del Centro de Cría, el juez de Instrucción 14 de Sevilla señala en el auto que “no existe el más mínimo indicio de delito de falsedad” ni consta, según el magistrado, documentación alguna realizada por el imputado para conseguir cobertura legal para la comercialización ni tampoco “ninguna operación de tráfico” en la que haya participado ninguno de los imputados.
Tras el auto de sobreseimiento, Miguel Salas, letrado de los implicados, ha señalado que sus clientes estudian la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables de lo que han calificado como “verdadero desastre” y operación absurda que ha terminado por fulminar un proyecto científico que era admirado en ámbitos internacionales por los éxitos cosechados a lo largo de una década.
vía Ni expolio, ni tráfico de aves, ni fraude: no hubo delito · Andalucía Información.
