Denunciado el proceso electoral de la Federación Gallega de Caza

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Días atrás se han presentado en la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia y ante el Comité Gallego de Justicia Deportiva varios escritos para que estos órganos determinen lo que, a juicio de los denunciantes, se trata de una presunta ilegalidad del reglamento electoral que rige las elecciones en la Federación Gallega de Caza.

Los denunciantes reclaman del Comité Gallego de Justicia Deportiva la nulidad del proceso electoral al entender que vulnera los principios básicos de democracia y participación al que debe estar sometida toda convocatoria electoral para poder garantizar su legalidad y transparencia.

Según el escrito de denuncia, “la exigencia de ser obligatoria la presentación de manera personal de la documentación en el Registro General de la Federación Gallega de Caza” contraviene la normativa, puesto que ni el reglamento electoral ni los propios estatutos de la Federación recogen bajo ningún concepto que la presentación de documentación haya de ser de modo presencial.

Esta obligación supone una “total discriminación” y una “quiebra de derechos” y, por ende, una presunta infracción a la Ley del Deporte. Esta aplicación arbitraria y caprichosa del reglamento, entienden los denunciantes, que debe considerarse nula, pues contraviene los derechos de los interesados para poder ser candidatos, e igual que en cualquier otro proceso de este tipo, deberían admitirse todas las candidaturas presentadas de modo que se puedan acreditar fidedignamente. Dígase correo certificado, fax, registro administrativo, etc.

Los denunciantes también instan al Comité Gallego de Justicia Deportiva para que se pronuncie sobre lo que ellos entienden como “incumplimiento de obligaciones de las sedes Provinciales de la Federación Gallega de Caza”.

Del propio calendario electoral se deduce que dichas sedes son lugares habilitados para diversos aspectos relacionados con el proceso electoral como pueden ser: consultar y comprobar el censo, verificar resoluciones de la junta electoral, etc., por lo cual, parece que queda más que demostrado que los días y horarios hábiles, recogidos en el propio calendario electoral, son de obligado cumplimiento por parte de las federaciones de caza de cada provincia gallega.

El cierre de las sedes federativas provinciales dentro del horario establecido, su negativa a recoger la documentación relativa a la presentación de candidaturas o la obligatoriedad de tener que desplazarse a Santiago de Compostela para poder presentar las candidaturas a asambleístas, creen los denunciantes que suponen una infracción en la obligación de velar por los intereses de los federados y fomentar la participación en el proceso electoral, así como una vulneración grave de la normativa vigente, alimentando las sospechas acerca de un presunto intento de manipular el proceso electoral dentro de la Federación Gallega de Caza.

La presunta gravedad de los hechos denunciados ha sido el motivo que ha llevado a algunos federados a pedir la intervención de la Secretaria Xeral para el Deporte y la del Comité Gallego de Justicia Deportiva para que dictamine si este modo de actuar supone un comportamiento discrecional y no ajustado a derecho de quienes han convocado este proceso y de quienes deben controlarlo.

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