La crisis ha motivado que cientos de aficionados a la caza hayan tenido que desistir de su práctica a la espera de ver mejorar su situación económica. Esto no ha supuesto, en cambio, un repunte de los episodios de furtivismo, tal y como reconoce a ABC el teniente jefe de sección de la Guardia Civil y responsable del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), Francisco Javier Cuenca. «Las actuaciones policiales cometidas como las denuncias de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos por episodios de furtivismo presentan una estabilidad a lo largo de estos años», sentencia. El dispositivo policial, denominado «Operación Sierra», que se pone en marcha cada año coincidiendo con la temporada de caza mayor, es una de las claves para la disminución de estos casos.
De hecho, desde que se abrió la veda para las monterías el pasado 12 de octubre, los agentes de la Guardia Civil ya han realizado actuaciones de calado para atajar estas prácticas. Así, se destaca la denuncia a 31 personas por su participación en una batida no autorizada, así como a los organizadores de la misma. Fue en una cacería ilegal en la finca Las Canalejas, en Fuente Obejuna, donde los agentes del Seprona también se incautaron de 31 armas de fuego entre escopetas y rifles, lo que supera ya el registro de la campaña pasada.
Perfil del furtivo
Por otro lado, la Guardia Civil también ha intensificado la lucha contra la captura ilegal de aves, tanto insectívoras como fringílidas. Fruto de ello ha sido la denuncia de un joven de 28 años, pillado «in fraganti» cuando manipulaba una red para la captura de aves en las inmediaciones del Castillo de la Albaida o la denuncia de un vecino de Fuente Palmera por vender en un portal web costillas para las captura de aves insectívoras, entre otros casos de una operación aún en curso.
El responsable del Seprona en la provincia señala que el perfil del furtivo «es el de un varón, gran conocedor del medio rural, sobre todo del monte, cuya situación socioeconómica oscila desde el desempleado hasta el que tiene empleo estable». Cuenca añade que, aunque pueda darse la actuación individual en las prácticas furtivas, «lo más habitual es que se actúe en grupos de más de dos personas, una de las cuales es la encargada de conducir el vehículo hasta el lugar de la acción y el resto se dedica a la captura del animal. Una vez consumado el hecho, el conductor recoge a los furtivos», explica.
La «Operación Sierra» se saldó la temporada pasada con la inspección de 172 cacerías entre monterías, ganchos y batidas de las más de 500 autorizadas. Como consecuencia de los servicios desarrollados, se realizaron 897 actuaciones, incluidas las 172 inspecciones de monterías, 448 controles, identificaciones de vehículos y personas y la denuncia de 183 infracciones administrativas. En el ámbito penal se instruyeron diligencias por cinco delitos y se detuvieron o imputaron por tales delitos a seis personas.
Los municipios donde se realizó un mayor número de actuaciones fueron Hornachuelos, con 207; Villaviciosa de Córdoba, con 123; y Córdoba, con 102.
En el terreno de las infracciones, hubo 15 que correspondieron a la vulneración de la normativa reguladora de los animales de compañía, destacando la existencia de rehalas sin seguro obligatorio. Cabe recordar que este año, además, las rehalas están sometidas a inspecciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El número mayor de infracciones fue por la vulneración de la normativa reguladora de la actividad cinegética propiamente dicha, con 139 casos, donde se pusieron de manifiesto situaciones como la caza sin licencia, caza de noche sin autorización, cazar en línea de retranca o la caza de especies distintas a las autorizadas.
La «Operación Sierra» cerró el año pasado con la intervención de 26 armas de fuego entre rifles y escopetas.
