La caza en Castilla-La Mancha sostiene 6.500 empleos fijos

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La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, resaltó ayer que la nueva Ley de Caza impulsa la sostenibilidad de la actividad cinegética y la protección del medio natural, ya que el Gobierno regional entiende esta actividad como un “aliado del medioambiente”.

Así lo señaló en el debate de las Cortes regionales sobre el proyecto de Ley de Caza, en el que se hace referencia a las especies de caza y sus hábitats, al tiempo que se establece la posibilidad de un tratamiento especial en su planificación de forma preferente para las especies cinegéticas autóctonas.

Rechazo de la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE
En el debate, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos de la mayoría ‘popular’, la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Caza de la región.
Los socialistas justificaban esta enmienda porque el proyecto de Ley de Caza “no responde a un proceso de consenso”, y ha sido objeto “de un fuerte rechazo social”, recordando las más de 114.000 firmas que la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha ha entregado en las Cortes regionales.

La titular de Consejería de Agricultura ha negado que la nueva ley permita disparar a perros y gatos sueltos por el monte, cierre caminos públicos, prohíba el turismo de naturaleza o que salirse de un camino en un monte público para una necesidad fisiológica supondrá una multa de dos millones de euros. Invitando a los diputados regionales que “buscaran estas cuestiones” en el texto, porque, según ha destacado, “es lo que se ha esgrimido para recabar las firmas de las que habla el PSOE en la enmienda a la totalidad”.

6.500 puestos de trabajo directos
Durante su intervención, la Consejera de Agricultura ha detallado que la actividad cinegética en Castilla-La Mancha sostiene directamente más de 6.500 empleos fijos, con un número de jornales al año que supera los 1,6 millones de euros y una facturación anual que se acerca a los 600 millones de euros.
“Un gran número de personas, principalmente vinculadas al medio rural, practica esta actividad de enorme influencia socioeconómica y que supone uno de los elementos de arraigo poblacional más importantes, clave en la fijación de la población rural”, ha asegurado.
Cabe destacar que Castilla-La Mancha cuenta con 7,2 millones de hectáreas, ocupadas por 5.800 terrenos cinegéticos, lo que supone que el 95% de la superficie de la región es susceptible de ser objeto de actividad cinegética.

Novedades del proyecto
La titular de Agricultura ha destacado como novedades de este proyecto con respecto a la ley todavía vigente, que data de 1993, la adaptación de la caza a la realidad social y económica de Castilla-La Mancha y la necesidad de planificar toda la actividad cinegética.
Con este fin, según ha detallado Soriano, se crean como instrumento de gestión sostenible los Planes de Ordenación Cinegética, que incorporarán las infraestructuras en materia de incendios y las medidas de autoprotección para emergencias sanitarias por accidentes que se puedan producir, los instrumentos de conservación de los hábitats y el número de las piezas que el terreno cinegético puede sustentar.
Asimismo, ha proseguido, el texto legal busca la simplificación y agilidad de los trámites administrativos, una de las principales claves en las actuaciones del Gobierno de la presidenta Cospedal, para facilitar una gestión eficaz.
En esta línea, se suprime la catalogación de los cotos de caza mayor y menor, para permitir el aprovechamiento que corresponda de acuerdo a la vocación cinegética de los terrenos y sus posibilidades, y se reducen a dos los tipos de terrenos cinegéticos donde se puede practicar la caza: los cotos de caza y las zonas colectivas de caza.
Este último es, a juicio de la consejera de Agricultura, uno de los grandes avances del proyecto de ley, ya que su titularidad corresponde a las asociaciones, sociedades o clubes de cazadores que por sus fines sociales realicen un ejercicio de la caza de forma no comercial ni lucrativa. “El hecho de favorecer y facilitar la caza a los aficionados de los municipios rurales de Castilla-La Mancha hace de ésta una ley muy social”, ha enfatizado.
Además, Soriano ha subrayado la creación de la figura del titular profesional cinegético, con el fin de exigir mayor cualificación y responsabilidad y simplificar trámites.

Participación pública y transparencia
María Luisa Soriano ha destacado que “este proyecto de ley es el resultado de una participación pública activa e intensa y una información transparente”, ya que para su elaboración la Consejería de Agricultura ha mantenido desde junio de 2013 continuos contactos y reuniones con todos los sectores implicados para analizar el texto de forma conjunta y con carácter oficial.
Entre estos contactos, Soriano ha destacado el Consejo Regional de Caza, formado por Sanidad, Guardia Civil, asociaciones ecologistas y sector cinegético, y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, integrado por asociaciones como WWF, Ecologistas en Acción, Ardeidas, CECAM, ASAJA, UPA, APROCA y ATICA, entre otras.

Compromiso del Gobierno con el sector
La consejera de Agricultura ha afirmado también que la nueva ley es una “nueva muestra del compromiso del Gobierno regional con el sector”, que a lo largo de esta legislatura se ha manifestado en diversas actuaciones, como las ayudas de 500.000 euros para potenciar el aprovechamiento sostenible de los cotos de caza y el turismo cinegético; la simplificación en la expedición de las licencias de caza; el aumento de la oferta de formación; o la promoción de agrupaciones de empresas del sector que permitan concentrar la oferta de servicios al cazador combinando alojamiento, actividades, comercios o artesanía.
Asimismo, Soriano ha recordado que el Gobierno de Cospedal ha “impulsado decididamente la licencia única de caza” entre regiones limítrofes”, para la que ya hay acuerdo con las comunidades de Extremadura, Castilla y León y Madrid, lo que supone una importante simplificación administrativa y a la que han mostrado voluntad de adherirse otras comunidades autónomas.

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