No acaban los ataques a la nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha y lo curioso es, a pesar de leer todo la crítica publicada, que no he encontrado absolutamente nada que entienda como una aportación constructiva. Es más, en la mayoría de los casos, sólo se trata de deformaciones de la realidad o de cuestiones partidistas que interesan a distintos grupos para su beneficio personal.
Lo que hace unos días publicaba la prensa sobre la opinión de los agentes medioambientales, es un ejemplo de lo que indico. Por un lado, es totalmente injusto hablar de los agentes medioambientales en general, pues, seguro, por la información que tengo, que la mayoría no comparte lo recogido por los medios. Lo correcto sería hablar de la opinión de los agentes de CCOO y de UGT, incluso mejor aún: de los agentes medioambientales cabecillas de dichos sindicatos. Hacen cometarios como que la ley los ‘hace invisibles’, temen que los usuarios del medio ambiente no los visualicen como autoridad.
Lo anterior con motivo de que la ley nos les menciona expresamente, pues habla de agentes de la autoridad, lo que considero inteligente, puesto que autoridad no son sólo ellos, lo es también el SEPRONA. Cuando se publicaron las anteriores leyes nacionales, incluso autonómicas, este servicio de la Guardia Civil o no existía o llevaba escaso tiempo funcionando. Además, con el tiempo pueden existir cambios, por ejemplo, en la denominación de un cuerpo cualquiera de seguridad o por la aparición de otros nuevos.
Por todo ello, el sentido común obliga a utilizar un nombre que engloba a todos y que no esté sujeto a cambios que obliguen a modificar la propia Ley. Pero, claro está, tienen que buscar algún pretexto para criticar la nueva legislación y con ello presionar, en unos casos por motivos políticos y en otros buscando atribuciones, incluso es posible que pretendan aumentar el intervencionismo.
No tengo noticias de que las asociaciones de ingenieros de montes o forestales, ni de otras con intereses en la actividad cinegética, hagan críticas por no aparecer expresamente nombrados, y eso que son los competentes en materia de caza y en buena medida los más interesados.
Decir que la ley favorece al que envenena es realmente escalofriante, mentiras que llegan a la gente desconocedora del texto pendiente de aprobación por las Cortes. Ya existe legislación, realmente dura, para combatir a los que se les ocurre poner veneno en el campo, sean o no cazadores, lo que no es de recibo es que paguen justos por pecadores. En cuanto a que la actividad cinegética limite el uso público, supongo que será una broma o lo que espera oír la gente en boca de los representantes de CCOO o de UGT. Pura demagogia de cara a unas elecciones que están próximas.
Pero no sólo ciertos representantes sindicales y grupos ecoabandonistas están hoy en día atacando la Ley de Caza; existen otros colectivos que aprovechan la circunstancia para negociar con el político de turno el apoyo o no al texto, a cambio de una serie de prebendas para los suyos. Personalmente considero que esto es propio de grupos mafiosos, de gentes que buscan el momento adecuado para amenazar y así conseguir cosas que el propio sentido común les niega y a lo que en justicia no tienen derecho. No es momento para que los que defendemos esta ley entremos en esto con detalle.
En mi opinión, la ley no debe modificarse a no ser con algún aporte constructivo, que, por el momento, desconozco que exista. Antes de sufrir alteraciones que nunca fueron consensuadas, la gran mayoría del sector cinegético con seguridad estará de acuerdo en que es mejor retirarla. Aun considerando el tremendo trabajo realizado por la Consejería de Agricultura y por infinidad de asociaciones y grupos, ya regresará una vez pasadas las elecciones. Es la única manera de evitar cambios sin sentido para satisfacer los intereses de distintos colectivos, que son contrarios a los de la mayoría de los afectados.
Si las cuentas políticas consideran que aprobar la ley, como está en la actualidad, puede suponer una pérdida de votos para el partido en el Gobierno, la solución es sencilla, la estoy dando: se retira el texto de las Cortes. Lo que no se puede es destrozar el trabajo de muchos meses, de gentes que realmente sabían lo que hacía y, además, de forma consensuada.
Por Juan Caballero
