La Asociación Nacional del Arma (ANARMA) ha enviado una nota para denunciar que no se puede «estar culpando de forma permanente a cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de las armas que se utilizan en la comisión de delitos, cuando la realidad es que esas armas constituyen un porcentaje ínfimo».
Desde la Asociación Nacional del Arma (ANARMA) reclaman al Ministerio del Interior mayor claridad y detalle en los datos sobre las armas robadas y desaparecidas en los estamentos militar, policial y civil en nuestro país.
No se puede estar culpando de forma permanente a cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de las armas que se utilizan en la comisión de delitos, cuando la realidad es que esas armas constituyen un porcentaje ínfimo, alrededor del 1% por analogía con otros países europeos.
En su nota, ANARMA explica que durante la jornada electoral del pasado domingo tuvo conocimiento de la noticia del robo de un arsenal de armas en la galería de tiro – armería de la Dehesa Boyal en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Habían sustraído casi cien armas cortas, en su mayoría S&W MP9.
Este robo es el último de una lista desgraciadamente creciente que rompe la dinámica habitual de robos en establecimientos militares y policiales, ya que se ha producido excepcionalmente en una armería, un caso inusual. «Lo que demuestra que por mucho que sean los requisitos técnicos impuestos a las armerías y a otros establecimientos donde se custodian armas, si no se complementan con protocolos y procedimientos estrictos, es el factor humano, las personas, las que constituyen el eslabón más débil del conjunto», afirma ANARMA.
«Las armas provenían de una empresa de escoltas en liquidación del País Vasco que, debido al cese de la actividad terrorista, había quebrado», explican. «Mientras se resolvía el expediente de concurso de extinción de la empresa, estas armas se habían depositado para su venta en la armería hace menos de un mes. Por las características del suceso, parece más un hurto que un robo, alguien del circuito de seguridad, en relación con las mismas y con los contactos adecuados en el mundo del hampa, ha organizado la operación». Cada una de esas armas en el mercado negro podría tener un valor entre 2.500 a 3.000 euros, lo que haría un montante cercano a 300.000 euros. «Cantidad lo suficientemente ‘atractiva’ para que un delincuente, perteneciente a la sociedad civil o a otros estamentos de nuestra sociedad, decidan jugarse unos años en prisión, asegura esta asociación.
Simultáneamente, el pasado domingo 24, aparecía en la prensa con menor difusión en los medios que la noticia anterior, la detención de un coronel de la Guardia Civil por presunto tráfico de armas en Madrid. Desde ANARMA explican que desconocen si existe relación alguna entre ambos hechos.
Estos incidentes han llevado a la Asociación Nacional del Arma a reclamar de nuevo una mayor claridad y segmentación en los datos que anualmente presenta el ministerio del interior en su memoria anual, como existen en otros países de nuestro entorno. «Teniendo la experiencia que tenemos en cómo se legisla en este país, a golpe de titular de prensa, muchas personas temen que esto tenga consecuencias negativas para los sectores que ANARMA representa, mucho antes de que se haya llegado a la resolución del suceso y se determinen las pertinentes responsabilidades. ¿Cuántas armas desaparecen de cuarteles o comisarías? ¿Cuántas armas son sustraídas a policías y personal de seguridad privada? ¿Cuántas armas son sustraídas a deportistas, coleccionistas y cazadores? ¿Cuántas armas se sustraen de armerías? Son preguntas que deberían responderse anualmente y que fueran estos datos y no titulares de presa los que guiasen la reglamentación de armas en nuestro país, en definitiva hechos o sucesos recurrentes, no situaciones puntuales, sin dejar de admitir la gravedad del hecho acaecido en san Sebastián de los Reyes», concluye.
