Según la organización WWF, la Junta de Castilla y León «continúa con su política de acoso y persecución al lobo», en este caso al norte del Duero, al establecer «por primera vez», un cupo para tres años, con un total de 429 hasta 2019.
WWF rechaza esta resolución de la Junta porque «no tiene en cuenta» las variaciones anuales del número de manadas, estableciendo «de manera arbitraria» el cupo de 143 lobos abatidos cada año. Por último, WWF critica la nula «participación social» en el proceso, «ya que desde 2014 no se han convocado los correspondientes órganos de participación previstos en el plan de gestión de la especie».
Según Luis Suárez, responsable del Programa de Especies de WWF España, «la decisión de la Junta de fijar en 429 los cupos de caza del lobo ibérico para los próximos tres años solo sirve para simplificar la gestión, reducir la participación y, sobre todo, garantizar la presión continua sobre la especie’. Y añade: «Denunciamos que la Junta siga con su gestión basada en la persecución de la especie sin buscar otras alternativas, al igual que está haciendo en el sur del Duero, pese a que el lobo está protegido por la directiva Hábitats de la Unión Europea».
WWF rechaza el cupo de caza del lobo ibérico al norte del río Duero fijado por la Junta de Castilla y León en 143 ejemplares para esta temporada de caza, «ya que se ha establecido en fechas muy tempranas, cuando difícilmente se ha podido realizar un buen censo de manadas seguras, al estar los cachorros todavía en sus madrigueras, y se mantiene el mismo cupo de caza de 2015, el más alto de la historia fijado para la especie». Además, al establecer un cupo para tres años «no se tiene en cuenta posibles variaciones anuales en las condiciones ambientales (alimento y condiciones climáticas) o sociales (por ejemplo mayor muerte por furtivismo, venenos o atropellos), que puedan repercutir en el número de manadas».
Aunque en algunas zonas se ha reducido la presión (como es el caso de Soria), WWF se sorprende de que en otras como en Burgos o Valladolid se mantenga o aumente, «pese a que los propios datos de la Junta reconocen que se trata de zonas con tendencia a la disminución de la población de lobos». Estos descensos «no parecen haber sido tenidos en cuenta», lo que puede producir efectos «catastróficos» en la zona centro y nororiental, «impidiendo su presencia y su expansión hacia otras áreas».
WWF también denuncia que este cupo se ha realizado sin participación social. «Desde hace dos años la Junta no reúne a ningún órgano de participación, ni del antiguo ni del nuevo plan de gestión y diseña la gestión del lobo sin escuchar los diferentes sectores y sin ningún tipo de asesoramiento científico». Según esta organización, el lobo es una especie que requiere que en su gestión participen todos los sectores sociales implicados para que las decisiones que se adopten «sean asumidas por todas las partes y se trabaje para reducir la conflictividad social». Además, a la hora de establecer cupos «es fundamental el apoyo y la guía de la comunidad científica» para garantizar la viabilidad de estas poblaciones, «tal y como exigen las directivas europeas». WWF rechaza que la Junta «insista en su política de aislamiento» y siga gestionando al lobo «bajo el dictado de las presiones» a las que es sometido por parte de determinadas organizaciones profesionales agrarias.
WWF rechaza estos cupos y emprenderá acciones legales contra ellos y contra la continua persecución a la que está siendo sometida la especie en Castilla y León. Por ello, volverá a reclamar ante el próximo gobierno de España que el lobo sea una especie protegida en todo el territorio nacional y que se cambie radicalmente el actual modelo de gestión basado en la persecución sistemática de la especie.
