En la prensa

La ‘guerra’ de los senderos

Fuente: elmundo.es

Los montañeros, senderistas, ciclistas, excursionistas y demás aficionados que estos días salen al monte saben bien lo que pasa. Es como si fueran a la guerra. Literalmente. A más de uno, y de diez, según fuentes de los colectivos afectados, las balas les han pasado silbando. El pasado 15 de febrero, sin ir más lejos, una mujer que participaba en una montería en el término madrileño de Valdemorillo, recibió un disparo en una pierna, teniendo que ser hospitalizada en estado grave.

Es la temporada de caza, periodo peligroso para salir al campo. La Guardia Civil vigila con especial atención la apertura de la veda, pues son habituales los heridos e incluso muertos por disparos. Especialmente dramático resultó el inicio del actual periodo de caza, el último fin de semana del pasado octubre, cuando fallecieron cuatro personas por disparos.

Los datos corroboran que estamos ante una actividad de riesgo. Según la Aseguradora Mutuasport, que solo agrupa al 40 por ciento de los cazadores españoles y que no contabiliza los accidentes de quienes no son sus afiliados, aunque resulten heridos de gravedad o muertos, entre 2007 y 2012 han fallecido 56 cazadores por accidentes de escopeta y otros 16.526 fueron heridos por causas relaccionadas con la cinegética.

Es por ello que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha mantenido reuniones con la Real Federación de Caza y otras organizaciones de cazadores. El resultado es un cambio de la Ley de Montes, según el cual se prohibiría el acceso en las zonas donde haya batidas y monterías. Estén donde estén. «Ante todo debe primar la seguridad», señala una fuente ministerial.

‘El 20% de la población’

Los colectivos implicados han puesto el grito en el cielo y amenazan con llevar la Ley al Tribunal Constitucional. Según sus propias cifras, representan al 20 por ciento de la población española. «Los cazadores hablan de un millón de escopetas, pero los usuarios del monte público son el resto de los españoles. De ellos, más de diez millones de personas salen con asiduidad al campo», explica Francisco Cantó, vocal de Medio Ambiente de la Federación Madrileña de Montañismo, FMM.

«Se discrimina a toda la sociedad española a favor de un colectivo minoritario, algo anticonstitucional», coincide Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.

Este proyecto, junto con prohibiciones en lugares como el Cerro de San Pedro y el Pontón de la Oliva ha obligado a la Federación Madrileña de Montañismo, FMM, a manifestar su rechazo. José Luis Ordoñez, su presidente, ha solicitado a los gestores regionales «más claridad, consenso, participación de los montañeros y transparencia en la gestión del medio natural de la Región».

Estos enclaves son dos frentes de la guerra que montañeros y excursionistas mantienen en defensa de sus derechos. La subida al primero, en Colmenar, es una clásica y en su cima se realizan romerías. La subida recorre una vía pecuaria. El propietario de la finca limítrofe se ha anexionado una faja de terreno que el catastro señala de dominio público. Si se quiere subir, hay que pisar la finca vecina, pero su propietario ha prohibido el paso. Los senderistas llevan meses sin alcanzar la emblemática cumbre. En escrito dirigido al jefe del Área de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, Ordoñez demanda una solución «recuperando y consolidando cuanto antes el paso tradicional a dicha cumbre».

La presa del Pontón de la Oliva cierra el paso por el cauce del río Lozoya, por lo que se construyó una pasarela utilizada desde hace décadas y que utiliza el sendero histórico GR-88. La caída de una piedra que hirió a una mujer de gravedad provocó un fallo contrario al Canal, quien para evitar sucesos similares prohibió el paso.

«Estamos intentando llegar a un acuerdo con el Canal, para no tener que dar la vuelta por el Cerro de la Oliva, que supone añadir 3,5 kilómetros de fuertes cuestas al recorrido», explica Carlos Fernández, gerente de la FMM.

La discriminación del colectivo montañero es evidente si se estudia la Ley del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. «Se da la paradoja de que a pesar de que desde mediados del XVIII recorremos y protegemos la sierra, la Ley no menciona ni una vez la palabra montañismo. Sí se habla de caza e incluso de actividades como vuelo sin motor, pero a nosotros no nos menciona», se lamenta Cantó, para quien los montañeros son los ojos de la montaña. «Llegamos a donde nadie y podemos ser muy útiles informando de lo que vemos». Si no cambia la cosa, dentro de poco no podrán ver muchos lugares, pues los caminos que llevan hasta ellos se están prohibiendo.

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