El grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado una enmienda a la totalidad y trece parciales al proyecto de ley por la que se modifica la ley de caza.
La enmienda a la totalidad, registrada ayer lunes en las Cortes de Castilla-La Mancha junto con las trece parciales a la que ha tenido acceso Efe, también pide la devolución del texto al Gobierno regional, pues ha señalado en su justificación que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno regional «no está exento de críticas y preocupación por quienes gestionan, implementan y abanderan el día a día del sector cinegético» en la región.
El PP ha señalado, en su enmienda a la totalidad, que los representantes de las organizaciones cinegéticas de la Mesa Regional en Defensa de la Caza en Castilla-La Mancha «han mostrado su preocupación y malestar por la deriva de los borradores de las leyes de caza y bienestar animal» del Gobierno regional, «norma que a juicio del sector puede perjudicar al ámbito cinegético» de la región.
Según la enmienda a la totalidad, los colectivos consideran que el Gobierno regional «se acerca más a posturas mermadoras de derechos de los cazadores en la región» y advierten de que el proyecto de ley en tramitación «supone un grave peligro para la caza e incluso conlleva el riesgo de desaparición de modalidades tradicionales de caza en Castilla-La Mancha».
En cambio, el PP defiende la ley que aprobó el anterior Gobierno regional en 2015 y ha considerado «fundamental permitir la entrada en vigor de la ley y una mínima aplicación posterior, para poder interferir sobre asuntos a mejorar una vez conocida su repercusión real», por lo que ha apostado por trabajar en el desarrollo reglamentario de la ley de 2015 que modificarla.
En su enmienda a la totalidad, el PP recoge que la actividad cinegética genera más de 6.500 empleos fijos en puestos directos de trabajo, crianza y aprovechamiento de especies cazables, con alrededor de 1,7 millones de jornales y una facturación anual, en cálculos aproximados, cercana a los 600 millones de euros en Castilla-La Mancha.
Además, en sus enmiendas parciales -que según fuentes del PP recogen las propuestas del sector cinegético planteadas en diversas reuniones-, propone que sea una infracción grave dar muerte durante el ejercicio legal de la caza a cualquier especie no recogida como cazable en la resolución del plan de ordenación de caza y capturar animales asilvestrados sin estar recogido en el plan de ordenación de caza o, en su defecto, sin la correspondiente autorización administrativa.
También pide que sea infracción grave, y no muy grave como recoge el proyecto de ley, desdoblar puestos durante la celebración de una cacería en modalidades de caza mayor.
Asimismo, propone que en los terrenos cinegéticos cuya superficie sea igual o superior a mil hectáreas -y no a 500 hectáreas como recoge el proyecto de ley-, y cuando el plan de ordenación cinegética contemple el aprovechamiento cinegético de especies de caza menor, se reservará al menos el 10 por ciento de su superficie, localizada fundamentalmente en zonas del terreno cinegético que constituyan su hábitat, que permita su refugio y reproducción, donde queda prohibida la caza en cualquier tipo de modalidad de estas especies.
También plantea el PP que las memorias anuales de gestión de las granjas cinegéticas, los organizadores de cacerías y asociaciones de cazadores, entre otras, se puedan presentar hasta el 1 de abril, y no hasta el 1 de marzo como recoge el proyecto de ley.
Reconocer como policía judicial a los agentes medioambientales
Por su parte, el grupo socialista y Podemos han presentado, de forma conjunta, siete enmiendas parciales al proyecto de ley de caza, en una de las cuales se propone que, en la exposición de motivos, se reconozca que los agentes medioambientales tiene encomendada la función de policía judicial.
En declaraciones a Efe, la diputada del PSOE Carmen Torralba ha detallado las cuatro enmiendas parciales que han presentado los socialistas en solitario y las siete enmiendas que PSOE y Podemos han registrado de forma conjunta.
Entre estas últimas, Torralba ha indicado que en una de ellas, que modifica la exposición de motivos, hace referencia a los agentes medioambientales como agentes de la autoridad, que tienen encomendadas, entre otras funciones, la de policía judicial en sentido genérico de los términos establecidos en el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Otras dos, hacen alusión a las distancias de seguridad, una sobre la distancia mínima de seguridad de los cazadores con personas ajenas a la cacería y otra donde se incluyen los senderos de uso público señalizados como zonas de seguridad.
Asimismo, otra enmienda parcial de PSOE y Podemos es relativa a las autorizaciones y conducciones de cerramientos cinegéticos, para que no dificulten el paso de especies silvestres no cinegéticas y otras más sobre el libre tránsito por los caminos de uso público, para que se cambie la calificación de falta leve a falta grave.
Torralba ha señalado que el PSOE también ha registrado cuatro enmiendas parciales en solitario, una de ellas sobre el depósito de armas cuando hay decomiso.
En otra enmienda, el PSOE propone modificar los requisitos para la constitución de cotos de caza, pues ha explicado que, en la actualidad, la norma especifica que se tiene que tener documento público que acredite la titularidad del 75 por ciento del terreno que conforma el coto, si bien ha señalado que en ocasiones, es difícil que los propietarios tengan este documento público, que se obtiene en una notaría.
Por ello, el PSOE propone que este requisito se rebaje al menos al 65 por ciento de los terrenos, de forma que en el resto del coto se pueda demostrar la propiedad mediante la información recogida en el catastro o un documento privado de compra-venta.
Una tercera enmienda versa sobre la responsabilidad de la indemnización por daños agrícolas, forestales o ganaderos en zonas de seguridad y una más, sobre la edad mínima para obtener la licencia de caza y el permiso de armas.
En este punto, el PSOE propone que la regulación básica estatal esté en consonancia con las leyes autonómicas, de forma que si el menor no puede obtener la licencia de caza tampoco pueda tener permiso de armas.
Fuente: clm24.es
