Revilla, Oria y el director general del Medio Natural se reunieron este martes con una representación de ganaderos afectados por el lobo, días después de la protesta de Arredondo.
La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria se ha comprometido con los ganaderos afectados por el lobo a intentar que se apruebe en febrero, o antes, la reforma de la Ley de Caza de Cantabria que permitirá al Ejecutivo ser quien indemnice por los daños que cause esta especie en todo el territorio autonómico, algo que no ocurre ahora con la normativa vigente.
Así se lo han trasladado este martes los representantes del Gobierno de Cantabria a ganaderos afectados por el lobo procedentes de diferentes zonas de la comunidad, que se han quejado de que los propietarios de algunos cotos, como por ejemplo en la zona del Alto Asón, les dan «largas» cuando solicitan ser indemnizados por daños causados por estos animales y no los asumen, alegando que desde el Ejecutivo no se les autoriza a cazarlos.
La reunión con esta representación de los ganaderos ha llegado después de la protesta que este colectivo llevó a cabo el pasado 1 de noviembre en la feria de Todos los Santos de Arredondo y en ella han estado presentes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria (PRC), y el director general de Medio Natural, Antonio Lucio.
Tras el encuentro, una portavoz de los ganaderos que ha acudido a Peña Herbosa, Marta García, ha alertado de que los lobos están llegando a las «puertas de casa» y ha pedido que se lleve a cabo un control poblacional de esta especie para que puedan ejercer su «derecho a poder trabajar dignamente».
Por su parte, Lucio ha aclarado que el «problema» con las indemnizaciones no está en aquellas que asume el Gobierno -que se limitan a las relativas a daños causados por el lobo en la Reserva Regional de Caza Saja–, donde «no hay un retraso significativo», sino en las que tienen que pagar los cotos.
El Ejecutivo ha pedido a los ganaderos que hasta que se apruebe la reforma de la Ley de Caza y el Gobierno pueda asumir todas las indemnizaciones, le notifiquen aquellos casos en los que los titulares de los cotos no quieran hacerlo para poder «tomar medidas» y recordarles «su obligación legal» al respecto.
