El director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, ha mostrado su preocupación por la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para dar una solución ante la prohibición de la caza en el Parque Nacional de Picos de Europa, que entrará en vigor el próximo año, tras agotar la moratoria otorgada por el Gobierno central.
«Nos metemos en un callejón sin salida», lamentó Arranz que explica que a menos de un año para que esta prohibición entre en vigor, en cumplimiento de la Ley de Parques Nacionales, el ministerio aún no se ha reunido con los alcaldes de los municipios afectados para negociar una indemnización económica ante el cese de esta actividad, principal recurso económico para muchos de ellos.
«Nos preocupa que no haya ningún avance en este sentido, ya que el 2020 está a la vuelta de la esquina y esta situación es muy incómoda para todas las partes implicadas», explicó Arranz, que afirma que desde la Junta de Castilla y León se lleva tiempo insistiendo al ministerio que agilice este trámite.
Fuentes del Miteco confirmaron a este periódico que «no hay ningún tipo de avance en la negociación», a pesar de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se comprometió, en su visita a Posada de Valdeón el pasado mes de septiembre, a compensar debidamente a los pueblos por las restricciones impuestas por la Ley de Parques Nacionales.
No parece que antes de que se agote esta legislatura, en menos de un mes, se aborde este asunto, que lleva desde hace más de diez años, pendiente de resolución.
La Ley de Parques Nacionales de 2007 prohibía ya los aprovechamientos cinegéticos, los forestales y la pesca en los parques nacionales. Para que los municipios incluidos en estos espacios, como es el caso de Picos de Europa, adaptaran sus usos y costumbres a esta prohibición se otorgó una moratoria de diez años tras la cual entrarían en vigor las restricciones a cambio de indemnizar a los propietarios de los terrenos. Con la modificación en 2014 de la Ley de Parques Nacionales, se amplió esta moratoria —que caducaría en 2017— hasta finales de 2020.
La prohibición de la caza en Picos de Europa ha vuelto a la actualidad después de que el pasado 1 de marzo saliera a información pública el Plan Rector de Uso y Gestión (Prug), el documento que documento para gestionar este espacio protegido, regula la ordenación de sus recursos, define sus límites y establece sus objetivos para un periodo de tiempo determinado. En este documento ya se contempla la prohibición de cazar en todo el parque —sin excepción— prohibición que no entrará en vigor hasta que concluya la última moratoria en 2020.
Los alcaldes leoneses de las zonas afectadas, Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre, llevan años reclamando que se convoque una mesa de negociación para fijar las indemnizaciones que deberán percibir los propietarios de los terrenos cinegéticos cuando se prohiba definitivamente la actividad. «En todos estos años, el Ministerio no se ha puesto en contacto con nosotros y el 2020 está ahí», denunció recientemente el alcalde de Oseja de Sajambre, Antonio Mendoza.
Caso similar en Asturias
La última negociación de este tipo llevada a cabo en un parque nacional fue precisamente en Picos de Europa, concretamente en el municipio asturiano de Amieva, donde el por entonces Ministerio de Medio Ambiente llegó a un acuerdo en 2010 con los propietarios de los terrenos para indemnizarles por dejar de ser coto de caza. En esa ocasión recibieron 2,4 millones de euros por el cese de las cacerías de rebecos en mil hectáreas de monte.
La cantidad que deberían recibir los municipios leoneses de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre sería mucho más elevada ya que los terrenos afectados suman las 24.000 hectáreas de coto de caza en los que se abaten además más especies, como rebecos, corzos, ciervos, jabalíes y lobos.
Fuente: diariodeleon.es
