El cadáver de un elefante yace en medio del campo de sandías del norte de Botsuana, víctima de la desesperación y la ira de los granjeros que ven diezmadas sus cosechas por estos paquidermos.
Hace tres semanas, en plena noche, Ishmael Simasiku, de 71 años, estaba de nuevo de guardia en su campo, rodeado de alambradas, cuando un elefante irrumpió en el terreno.
Este policía retirado intentó en vano hacerlo retroceder con antorchas y disparando al aire. Al final, tuvo que abatirlo.
«El elefante venía de la selva y destruía mis plantaciones», explica a la AFP, mientras muestra una sandía medio devorada.
En unos años, Ishmael Simasiku, instalado en Legotlhwana, en la frontera con Namibia, ha visto disminuir su cosecha de maíz casi un 90%, mientras que el número de elefantes va en aumento.
«No se trata de política, asegura, sino de utilizar de forma sostenible los recursos naturales y de preocuparse del pueblo»
Conforme a la política de protección de la fauna en vigor en Botsuana, el número de estos paquidermos casi se ha multiplicado por 10 desde 1970 hasta llegar a los 130.000 actuales, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy en día, un tercio de los elefantes salvajes del continente africano están en este país.
Con la prohibición de la caza de elefantes, en vigor de 2014 a 2019, «mi vida ha sido más complicada», se lamenta Simasiku.
Cuando el gobierno anunció a finales de mayo la suspensión de esta medida, la población local respiró aliviada.
Los defensores de los animales, en cambio, pusieron el grito en el cielo. El primero de ellos, el expresidente Ian Khama (2008-2018), quien había instaurado la ley. «Es tan triste y doloroso ver desbaratado el trabajo de todos estos años», dijo a la AFP.
«Nuestro turismo», segunda contribución del Producto Interior Bruto (PIB) de Botsuana, después de los diamantes, «se basa en la fauna», agregó. Los efectos ya se notan porque «me dicen que el número (de elefantes) cayó un 10% desde que empezaron a hablar» de restablecer la caza, asegura.
Aplastado por un elefante
En la turística Kasane, los habitantes corren peligro cuando llega la noche.
El 26 de abril, Merafhe Shamukuni, de 53 años, regresaba a su casa por un pequeño camino asfaltado cuando fue atacado por un elefante. Murió.
«Trabajo en el sector turístico. Conozco la importancia de los animales (…) pero no veo la razón para que nos maten así. Los seres humanos deberían controlar a los animales, no al revés», dice su hermana Dorcus Shamukuni.
El presidente Mokgweetsi Masisi, que suspendió la prohibición de la caza, dijo hace poco en Twitter, cuando estaba de viaje a Estados Unidos, que se produjo otro accidente con un elefante. «La tragedia tuvo lugar 24 horas después que yo respondiera a un militante defensor de la causa de los elefantes en Las Vegas, y ahora otro hermano está muerto».
Desde 2014, al menos 34 personas perdieron la vida por culpa de los elefantes en Botsuana.
«Estoy muy harto de esta gente que dice que no tendríamos que matar» a los elefantes, explica Petros Tshekonyane, un guía de 48 años que se encontró hace poco con un paquidermo que estaba comiéndose la cosecha de su huerto.
«Cuando cazábamos, nunca teníamos elefantes en los pueblos. Esto tiene que acabar. Es demasiado. No puedo seguir cultivando para los elefantes».
Furtivismo
«Una forma de controlarlos es la caza», asegura Frank Limbo, un granjero de 48 años que sobrevivió a ataques de un elefante y de un león.
Antes, los elefantes estaban limitados a los parques «pero ahora están donde vivimos. No queremos que desaparezcan. Solo queremos que estén confinados en sus zonas», insiste Josephat Mwezi, jefe del pueblo de Kavimba (norte), cerca del turístico parque nacional de Chobe.
La organización Elefantes Sin Fronteras denunció el año pasado una serie de ataques de furtivos, impulsados por organizaciones criminales internacionales. Las autoridades locales desmintieron no obstante la cifra de un centenar de elefantes hallados muertos en pocas semanas.
El militante local Watson Mabuku admite sin embargo que el furtivismo ha aumentado en estos últimos años.
Con la nueva legislación, decidida en mayo, se entregarán 400 permisos de caza cada año. El objetivo, según el gobierno, es reducir los conflictos entre humanos y elefantes.
Para las oenegés, como el Fondo Internacional para la Protección de Animales (IFAW), el regreso de la caza es sobre todo una decisión política, a cinco meses de las elecciones generales.
Una hipótesis que Amos Mabuku, de la organización local Chobe Enclave Conservation Trust, que agrupa cinco pueblos del norte del país, descarta. «No se trata de política, asegura, sino de utilizar de forma sostenible los recursos naturales y de preocuparse del pueblo».
Fuente: Las voces del mundo
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