Durante los meses de septiembre y octubre, los presidentes de la Oficina Nacional de la Caza y de Aproca, Juan Antonio Sarasketa y Luis Fernando Villanueva respectivamente, mantuvieron diferentes reuniones con representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, reuniones donde trasladaron la necesidad de tomar medidas urgentes para solucionar problemas históricos que tenía el sector de la caza en España.
Una de las Direcciones Generales con las que se mantuvieron contactos, la de Desarrollo Rural y Política Forestal, ha recogido buena parte de las demandas del sector y ha elaborado un borrador de la modificación de la Ley 43/2003 de Montes, donde además de proponer la elaboración de una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Cinegético y el desarrollo de un Documento Multilicencia, se propone la modificación de la famosa disposición adicional novena de la Ley de Tráfico, se desarrolla la Responsabilidad por Daños de Especies Cinegéticas en la Agricultura y la Ganadería e incluso se modifica la Ley 1/1970 de Caza para incorporar actuaciones sanitarias en las especies cinegéticas.
Para la ONC la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Cinegético podrá permitir una mejor coordinación y regulación de la legislación cinegética en España, ya que aunque las competencias sean regionales, el Comité Interautonómico de Caza y Pesca podrá proponer medidas que ayuden a la unificación de criterios en las Órdenes de Veda, por ejemplo.
El documento multilicencia, aunque no es el objetivo perseguido por el sector que pedía una verdadera licencia única, al menos supondrá una agilización administrativa y permitirá poder cazar en otras regiones sin los impedimentos burocráticos de hoy día. No obstante se pide al Ministerio se inste a algunas regiones que no han querido formar parte de este proyecto su incorporación al mismo.
En cuanto a la Ley 17/2005 de Tráfico, en este borrador se exime al titular del coto de ser el responsable de los accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas en todos los casos excepto cuando los siniestros sean consecuencia directa de una acción de caza colectiva llevada a cabo el mismo día, texto que, de aprobarse finalmente, cumpliría plenamente con las expectativas del sector cinegético. No obstante, desde el Ministerio se informa que aún se duda entre aprobar este texto o el aprobado en conferencia sectorial, el cual imputa la responsabilidad al conductor. En todo caso, ambas opciones cumplen con la petición del sector.
En el caso de los daños a la agricultura y la ganadería, aún siendo un tema mucho más difícil de llegar a acuerdos, desde la ONC se hace una primera valoración también positiva ya que sólo sería responsable el titular del terreno cinegético si hay un incumplimiento manifiesto de las medidas previstas en el Plan Técnico de Caza. Además, el borrador de Ley aprovecha para incidir en la responsabilidad de los daños en las zonas de seguridad, los vedados o los terrenos de aprovechamiento común, atribuyendo ésta a los titulares de los terrenos en cada caso.
Finalmente, el texto desarrolla una modificación de la Ley de Caza de 1970 para introducir medidas que aseguren el estado sanitario de las especies cinegéticas y para evitar la transmisión de enfermedades entre ellas o al ganado doméstico.
En definitiva, Juan Antonio Sarasketa, presidente de la ONC aunque muestra su prudencia hasta la aprobación de la ley definitiva, califica de pasos históricos los dados por este Ministerio y aunque se van a hacer aportaciones puntuales para modificar el texto por parte de la Oficina, muestra todo su apoyo al documento legislativo.
Durante los meses de septiembre y octubre, los presidentes de la Oficina Nacional de la Caza y de Aproca, Juan Antonio Sarasketa y Luis Fernando Villanueva respectivamente, mantuvieron diferentes reuniones con representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, reuniones donde trasladaron la necesidad de tomar medidas urgentes para solucionar problemas históricos que tenía el sector de la caza en España.
Una de las Direcciones Generales con las que se mantuvieron contactos, la de Desarrollo Rural y Política Forestal, ha recogido buena parte de las demandas del sector y ha elaborado un borrador de la modificación de la Ley 43/2003 de Montes, donde además de proponer la elaboración de una Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Cinegético y el desarrollo de un Documento Multilicencia, se propone la modificación de la famosa disposición adicional novena de la Ley de Tráfico, se desarrolla la Responsabilidad por Daños de Especies Cinegéticas en la Agricultura y la Ganadería e incluso se modifica la Ley 1/1970 de Caza para incorporar actuaciones sanitarias en las especies cinegéticas.
Para la ONC la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento Cinegético podrá permitir una mejor coordinación y regulación de la legislación cinegética en España, ya que aunque las competencias sean regionales, el Comité Interautonómico de Caza y Pesca podrá proponer medidas que ayuden a la unificación de criterios en las Órdenes de Veda, por ejemplo.
El documento multilicencia, aunque no es el objetivo perseguido por el sector que pedía una verdadera licencia única, al menos supondrá una agilización administrativa y permitirá poder cazar en otras regiones sin los impedimentos burocráticos de hoy día. No obstante se pide al Ministerio se inste a algunas regiones que no han querido formar parte de este proyecto su incorporación al mismo.
En cuanto a la Ley 17/2005 de Tráfico, en este borrador se exime al titular del coto de ser el responsable de los accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas en todos los casos excepto cuando los siniestros sean consecuencia directa de una acción de caza colectiva llevada a cabo el mismo día, texto que, de aprobarse finalmente, cumpliría plenamente con las expectativas del sector cinegético. No obstante, desde el Ministerio se informa que aún se duda entre aprobar este texto o el aprobado en conferencia sectorial, el cual imputa la responsabilidad al conductor. En todo caso, ambas opciones cumplen con la petición del sector.
En el caso de los daños a la agricultura y la ganadería, aún siendo un tema mucho más difícil de llegar a acuerdos, desde la ONC se hace una primera valoración también positiva ya que sólo sería responsable el titular del terreno cinegético si hay un incumplimiento manifiesto de las medidas previstas en el Plan Técnico de Caza. Además, el borrador de Ley aprovecha para incidir en la responsabilidad de los daños en las zonas de seguridad, los vedados o los terrenos de aprovechamiento común, atribuyendo ésta a los titulares de los terrenos en cada caso.
Finalmente, el texto desarrolla una modificación de la Ley de Caza de 1970 para introducir medidas que aseguren el estado sanitario de las especies cinegéticas y para evitar la transmisión de enfermedades entre ellas o al ganado doméstico.
En definitiva, Juan Antonio Sarasketa, presidente de la ONC aunque muestra su prudencia hasta la aprobación de la ley definitiva, califica de pasos históricos los dados por este Ministerio y aunque se van a hacer aportaciones puntuales para modificar el texto por parte de la Oficina, muestra todo su apoyo al documento legislativo.
