Impulsada por el grupo de federaciones autonómicas integradas en el f7 y la oficina nacional de la caza es una de las noticias más esperadas por el colectivo de cazadores.
La actividad cinegética está claramente en peligro y en el actual escenario abocada a la desaparición en no muchos años.
La trascendencia que para los cazadores tiene la responsabilidad por especies cinegéticas sobrevenida por accidentes en carretera y la tradicional sobre los cultivos, es de tal magnitud que desde algunas Federaciones, como la de Castilla y León, el territorio más castigado, tuvimos como objetivo prioritario su solución casi desde la creación de la Federación Autonómica.
El exponencial incremento de las especies de caza mayor y su expansión en nuevos territorios junto con la cada vez mayor circulación de vehículos ha agravado año a año un problema que ahora mismo y con la actual normativa está visto que no tiene arreglo.
La Federación de Caza de Castilla y León ha sido pionera en iniciativas que intentasen controlar este problema que se nos venía encima. Vimos lo que iba a ocurrir y promovimos un ajuste legal que, en su momento y en las circunstancias de entonces, creímos podía ser suficiente
Así, en el año 96, en nuestra Ley de Caza Autonómica ya se reguló la contratación de un seguro colectivo por la Administración que cubriese la responsabilidad por daños en carreteras por especies cinegéticas de caza mayor repercutiendo sus costes a los titulares de caza mayor. Después vendría la franquicia en este mismo seguro y por fin la eliminación de la obligatoriedad de la norma para la Administración dada la imposibilidad real de contratar en precio razonable un seguro que cubriese estas contingencias.
Los seguros que contrataban los cotos cada vez eran más caros y como una rueda iban incrementando sus primas por el elevado número de siniestros y se ha llegado a una situación que los costes no pueden ser asumibles y en algún caso no hay aseguradora que quiera cubrir esta responsabilidad.
Ante la insistencia al Ministerio, las Cortes y los grupos políticos, desde distintos sectores de la caza impulsados desde la Federación, conseguimos una regulación que entendimos buena y suficiente a través de la Ley Nacional de Tráfico. La nueva normativa debería haber eliminado la responsabilidad objetiva que se atribuía siempre al coto de caza.
No fue suficiente. La mayoría de los jueces siguieron buscando un responsable a toda costa y han venido interpretando la ley, para algunos más allá de la voluntad del legislador, volviendo a colocar en el punto de mira al de siempre: el cazador.
Volvíamos a la lucha, nos devanábamos los sesos, nos encorajinábamos, nos indignábamos. Pero cómo es posible que sólo en España (en el resto de Europa se atribuye la responsabilidad en general a la aseguradora del vehículo) no veamos que las especies no son propiedad de los cazadores, que no podemos aprovechar más que la parte que nos determinan los planes, que no podemos ni nos dejan controlar los comportamientos y densidades de las especies, etc, etc.
El trabajo continuo de la Federación de Caza de Castilla y León en este sentido ha promovido sucesivos cambios legislativos autonómicos que han intentado atajar la particular interpretación de la norma que en algunos casos hacían los jueces. Así, a través de la Ley de Medidas Económicas y Financieras en sucesivos años se ha modificado la Ley de Caza para tratar de ir encauzando esta interpretación judicial hacia lo que en realidad había querido el legislador nacional, establecer un régimen de responsabilidad justo y razonable, y no ciego contra el cazador.
Otro problema que se nos venía encima, que siempre hemos tenido, pero que con la actual normativa tenía muy mala solución, ahora parcheada con acuerdos globales, es la responsabilidad por daños a los cultivos y la ganadería.
Pues bien, después de tantos y tantos esfuerzos parece que por fin se hace la luz. La Administración a través del Ministerio de Agricultura y esperamos que las Cortes Generales tienen previsto sacar adelante un borrador de reforma de la Ley de Montes que recoge de forma óptima la responsabilidad de los cotos sobre estos daños.
Este último impulso se ha promovido desde el grupo de Federaciones Autonómicas del F7 ( Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra), y la Oficina Nacional de la Caza que han mantenido continuos contactos en todos los ámbitos políticos para lograr esta reforma que creemos definitiva.
Atrás quedan conferencias, simposiums, reuniones, etc. etc de más de 20 años. Todo esto nos ha costado convencer a los legisladores. Aunque creemos que estaban convencidos desde hace tiempo pero no habían sabido hasta ahora plasmar su verdadera intención en la ley con la suficiente claridad como para que a los jueces no les quede más opción que aplicar lo que quiere el legislador.
