La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se reunió ayer con los responsables de la Plataforma en Defensa de la Pesca para analizar los efectos de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre especies exóticas invasoras y sus consecuencias para este sector.
La sentencia del TS 637/2016, de 16 de marzo, anula parcialmente el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras y, entre otros aspectos, cataloga como exóticas invasoras determinadas especies que no estaban contempladas en inicio en el citada real decreto, como algunas que son objeto de caza o pesca deportiva.
Durante este encuentro, García Tejerina, junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra,el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda y el subdirector general de Caladero Nacional, Ramón de la Figuera, subrayó que el Ministerio, desde que se tuvo conocimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, trabaja en el análisis de sus efectos, de una marcada complejidad jurídica.
La ministra recordó que este gobierno ha adoptado diversas iniciativas en favor del sector, como el impulso a la licencia única de caza o el propio Real Decreto 630/2013, ahora parcialmente anulado por la sentencia, que buscaba conciliar la protección de la biodiversidad con el desarrollo armónico y sostenible del medio rural.
En este sentido, se comprometió a adoptar cuantas medidas normativas sean necesarias para, desde el estricto cumplimento de la sentencia, evitar todo perjuicio innecesario para el empleo y la actividad vinculados con estos sectores.
La ministra explicó asimismo a la Plataforma en Defensa de la Pesca que las posibles soluciones requieren una estrecha coordinación y colaboración entre todas las Administraciones afectadas, ya que las comunidades autónomas son las que deben adoptar cuando proceda los planes de control y erradicación de estas especies, así como adaptar sus órdenes de veda de caza y pesca.
En este sentido, según subrayó García Tejerina, el Ministerio mantiene un contacto permanente con las comunidades autónomas y trabaja en la búsqueda de soluciones que hagan compatible la protección del medioambiente, en la forma que dispone la sentencia, con la protección de la actividad y el empleo de las personas afectadas.
