El Consejo de Ministros estudió el pasado viernes, 6 de septiembre, el Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales con el que se garantiza su adecuado estado de conservación y se refuerza la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas encargadas de gestionar estos espacios, que cuentan con la máxima protección medioambiental.
Según subrayó tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ahora el Estado tendrá la «posibilidad de intervenir en los parques de forma general y puntual» en el caso de que su estado de conservación esté por debajo de los niveles adecuados y que podrá declarar el estado de emergencia, en el que el Organismo Autónomo Parques Nacionales asumirá la gestión.
Las actividades en estos territorios se clasificarán como «compatibles con su conservación, necesarias para la gestión o incompatibles». Las primeras podrán seguir practicándose, las segundas serán protegidas por la administración del parque y las terceras deberán ser eliminadas.
Así, la caza y la pesca deportiva, recreativa y comercial seguirán estando prohibidas. Sin embargo, en un parque se podrán realizar acciones de control de poblaciones, «entendiendo esta actividad como necesaria para la gestión», por lo que la administración gestora podrá «programar y organizar actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats». Igualmente, se podrán realizar acciones para ordenar las masas forestales y para erradicar especies exóticas de restauración de hábitats, siempre basándose en el «mejor conocimiento científico posible».
En la actualidad, existen quince parques nacionales (PN) que ocupan una superficie de 380.983 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación, las especies más emblemáticas del país. La última incorporación ha sido la del PN de la Sierra de Guadarrama, situado entre Madrid y Castilla y León, tras una tramitación que se ha prolongado durante diez años y que concluyó el pasado mes de junio.
Incorpora la posibilidad de ampliar parques nacionales ya declarados, con áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, así como la integración de los habitantes del entorno de los parques y de los titulares de derechos en su interior. Incluye el desarrollo sostenible del entorno de los parques e introduce como novedad programas piloto que activen la economía sostenible de la zona y potencien el empleo verde.
El anteproyecto también prevé el desarrollo de la marca “Parques Nacionales de España” como un identificador común de calidad para estos espacios, que constituyen la muestra más representativa del patrimonio natural del país.
