La organización intentó acabar con la caza en Castilla y León en 2011 llevando a los tribunales su orden anual de caza. Un año más tarde volvió a presentar una demanda contra el Decreto 65/2011, que daba solución a la situación denunciada. El pasado 10 de septiembre se celebró una vista en el Tribunal Superior de Justicia, pero los ecologistas ni siquiera comparecieron.