APROCA ha presentadolas alegaciones a la modificación de la Ley de Parques Nacionales. El sentir de estas alegaciones realizadas desde APROCA enfatizan sobre la necesidad de permitir, en el caso de fincas privadas, que sean los propietarios los que ejerzan la actividad cinegética.
Esta asociación considera que la mayoría de los espacios naturales protegidos en España están en manos privadas, fruto, sin duda, del cuidado y mimo con el que diferentes generaciones han ido dejando su huella. Buena muestra es el caso de los Parques Nacionales de Cabañeros, primero y, posteriormente, Monfragüe, exponentes máximos de conservación del monte mediterráneo, cuya superficie está o estaba conformada en su mayor parte por propietarios privados. En sentido contrario nos encontramos un parque nacional como el de Doñana, donde el traspaso de propiedad privada a pública supuso un gran retroceso en la conservación de este espacio.
Por todo ello, APROCA considera que no tiene ningún sentido declarar actividades incompatibles, como la caza, la actividad más tradicional e histórica en algunos parques, cuyos valores y modelo de gestión seguramente sean los “culpables” del buen estado de esos espacios. Por todo ello, APROCA cree que el Ministerio ha cedido a las presiones ejercidas desde las organizaciones conservacionistas, que, queriendo prohibir la caza comercial, permiten el control de poblaciones ya pactado con el anterior Ministerio. Todo un eufemismo indefendible en una sociedad avanzada del siglo XXI.
