El Partido Castellano (PCAS) considera que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha elaborado un anteproyecto de modificación de la Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha en el que, «a pesar de que se han introducido algunas mejoras» respecto de la norma vigente, todavía se está «muy lejos» de adecuar el texto normativo «a los principios básicos de sostenibilidad, respeto al derecho de disfrute del medio ambiente, de protección de la naturaleza, de bienestar animal y de respeto al ejercicio de otras actividades económicas que son exigibles hoy en día».
Asimismo afirma que el anteproyecto de ley sigue apostando por mantener e incrementar figuras legales, normas o prácticas «que fomentarán la caza intensiva y métodos de caza contrarios a los objetivos y fines enunciados en el artículo uno de la ley».
Recuerda que la ley de caza en vigor nació «de la falta de diálogo y de las imposiciones e intereses de una parte del sector cinegético que se ha privilegiado frente al resto de los ciudadanos», por lo que es necesario modificar «aún más profundamente» la norma.
«Los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha queremos disfrutar con tranquilidad y seguridad del medio natural», solicitando que se puedan desarrollar las actividades productivas, de turismo y de ocio «que tanto interés económico y social tienen para esta necesitada comunidad», que se respeten los derechos de los animales, «impidiendo que se maten o maltraten de forma gratuita tanto especies domésticas como silvestres y prohibiendo métodos impropios de los tiempos actuales», y que no se permita empuñar un arma a personas «que no están en condiciones de hacerlo, como los menores de edad», y que no se usen «armas peligrosas».
Solicitan, entre otras cuestiones, la prohibición de la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería y la caza de acuáticas
En suma, pide que se «supedite la caza como debiera al respeto del medio natural, al derecho de los ciudadanos a disfrutarlo y aprovecharlo ordenadamente y al bienestar animal». Según el PACS, la caza debe gestionarse generando el menor impacto posible al medio ambiente, respetando escrupulosamente los principios de la sostenibilidad, de la protección ambiental y animal «y los derechos de los no cazadores», así como cumpliendo las distintas normativas ambientales internacionales, europeas, nacionales y autonómicas que le son de aplicación.
Por todo ello, «apoyando las alegaciones que más extensamente se enviarán desde las entidades que conforman la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha», esta formación política quiere que se modifique «especialmente» la ley en los siguientes aspectos:
- Que se amplíen las zonas de seguridad y que se señalicen adecuadamente a costa de los titulares de los cotos.
- Que se sancione como infracción muy grave la caza en zonas de seguridad y la obstaculización por causa de la caza del libre tránsito por vías y zonas públicas.
- Que se publiquen con antelación suficiente las fechas y las zonas de celebración de cacerías organizadas.
- Que se remita toda la regulación concerniente a animales domésticos a la futura nueva ley de protección y bienestar animal ya anunciada, incluida la de los denominados “asilvestrados” término que en todo caso debe eliminarse de la ley de caza.
- Que no se permitan medios o sistemas de caza que sean especialmente peligrosos para las personas o para la fauna, que sean masivos o que atenten contra el bienestar animal o la conservación de especies amenazadas. Entre ellos particularmente la caza con hurón, la caza de aves en época de cría o migración, la caza de hembras acompañadas de crías, el perro de madriguera, la caza nocturna, la caza al atardecer o al amanecer, la caza en zonas incendiadas, la cetrería o la caza de acuáticas.
- Que se elimine la figura de cuartel de caza comercial y que, en todo caso, no se permita la realización de caza intensiva en los espacios protegidos y de la red Natura 2000.
- Que se garantice la seguridad y las potestades de los agentes medioambientales y que se les informe puntualmente de las resoluciones de todo tipo que afecten a los cotos de su demarcación.
- Que se incrementen las inspecciones, incluidos controles de alcoholemia y drogas, y las sanciones por cazar sin estar en condiciones físicas adecuadas o sin cumplir las normas de seguridad en el manejo de las armas.
- Que se suba la edad mínima para cazar a la mayoría de edad.
- Que las sanciones aumenten su cuantía y no sean discrecionales. Que toda sanción grave o muy grave lleve aparejada siempre, además de la multa, la retirada de permisos o de las autorizaciones que correspondan al coto, al cazador o a los guardas y auxiliares de caza.
- Que se prohíban los reclamos y atrayentes, así como especialmente los comederos, cebaderos o la aportación de alimentación suplementaria para fomentar de forma artificial las poblaciones de especies de caza o para facilitar la caza misma.
- Que por sus perniciosos efectos para el medio ambiente y las especies se prohíba la munición de plomo y que para que tal medida sea efectiva en un plazo corto se elabore una estrategia de sustitución por alternativas no tóxicas, atendiendo a las recomendaciones de carácter internacional sobre la necesidad de eliminar el plomo en la munición.
- Que se dé como máximo un plazo de un año improrrogable para adecuar los vallados existentes y las zonas de caza a la legislación modificada que se apruebe.
- Que se amplíen y mejoren las definiciones de la ley, en particular los términos “modalidad de caza”, “métodos excepcionales”, “tradicional”, “capacidad de carga” y “perjuicios graves e importantes”.
