La Consejería de Agricultura y Ganadería ha aclarado que la Junta de Castilla y León no ha autorizado el uso de veneno contra el topillo campesino y ha recordado que, en caso de hacerlo, hay una serie de protocolos establecidos de respeto medioambiental, según ha informado Europa Press.
La Junta se ha expresado así después de que varias organizaciones conservacionistas y la Real Federación Española de Caza hayan advertido de la «catástrofe ambiental» que supondría esparcir 86 toneladas de rodenticida en Castilla y León, cuya provisión afirman que ha adjudicado el Gobierno autonómico a dos empresas.
A este respecto, fuentes de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente han aclarado a Europa Press que no se ha autorizado el uso de veneno, aunque sí se ha realizado una adquisición provisionalmente por si fuera necesario.
En cualquier caso, han rechazado que sean 86 toneladas de rodenticida, sino solo dos kilos mezclados en un conjunto de casi 48 toneladas de cereales.
Además, el departamento que dirige Silvia Clemente ha explicado que, si se llega a autorizar el uso de estos productos, hay unos protocolos de actuación que incluyen normas de respeto medioambiental, ya que su uso no puede ser discrecional.
