La FCCV considera injusta la normativa de control de SANDACH

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana (FCCV) considera “injustificado” el proyecto de real decreto que prepara el MAPAMA por el que se desarrollarían las nuevas normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal (SANDACH), y que afectaría directamente en la práctica cinegética de caza mayor.

El objetivo del Gobierno central es que los cazadores cumplan con la fauna salvaje casi los mismos requisitos que los ganaderos con los animales domésticos en cuanto a la recogida y al tratamiento de cadáveres. Por ello han presentado un proyecto normativo que pretende poner en vigor en enero de 2018.

Ante este situación, el gabinete técnico la FCCV ha redactado y presentado las alegaciones correspondientes, ya que considera que la aplicación del nuevo reglamento influiría negativamente en la mayoría de las celebraciones cinegéticas de caza mayor colectiva que se celebran en la Comunidad Valenciana. La FCCV ha argumentado en su escrito que no existen fundamentos técnicos o circunstanciales que recomienden la necesidad de aplicar una normativa de estas características en el ámbito de la región, por lo que su imposición se considera arbitraria a efectos de la realidad ecológica de dicha autonomía.

De aprobarse el real decreto tal y como lo ha planteado la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, obligaría a que todas las cacerías colectivas de caza mayor en las que el número de puestos sea superior a 40 o el número de piezas abatidas sea superior a 20, deberán cumplir un pliego de condiciones excesivamente complicado y económicamente inviable para la mayoría de las cacerías que se realizan en la Comunidad Valenciana.

La nueva normativa generaría graves limitaciones a su normal desarrollo, obviando el importante factor que desempeñan las batidas como control demográfico de algunas poblaciones de animales que causan graves daños a la agricultura y provocan accidentes de tráfico. De igual forma, la nueva normativa generarían gastos añadidos, por los costes adicionales que representan los medios de transporte, contenedores, la contratación de la empresa autorizada para la retirada de subproductos y demás requerimientos que se quieren imponer, y que serían prácticamente inasumibles por las economías de las cuadrillas que llevan a cabo la organización de las mismas.

La FCCV argumenta en sus alegaciones que la caza es el principal método de gestión poblacional en la autonomía valenciana, y prácticamente el único viable técnica y económicamente, mostrándose como una herramienta eficaz y eficiente de control de superpoblaciones.

Para la FCCV, como ha detallado su presidente, Vicente Seguí, “la principal motivación para el desarrollo de este decreto se sitúa en los problemas sanitarios del ganado, no de las especies de fauna salvaje”, por lo que entiende que no debe ser el sector cinegético el que se vea perjudicado.

Los medios enumerados como requisitos específicos para la autorización de gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano, y el transporte o la propia eliminación de los mismos, son para la Federación inabordables y repercutiría en una drástica disminución de cacerías y capturas, precisamente en un momento en el que la coyuntura ecológica es de clara proliferación de los grandes ungulados y el jabalí en los territorios de la Comunidad Valenciana y de un desmesurado aumento de los perjuicios ocasionados por estas especies.

Además, la FCCV también considera que la norma podría suponer un posible conflicto por invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de caza y medio ambiente. En este sentido, el presidente de la Federación ha destacado la buena sintonía que existe con la Consellería en este asunto, quien se ha mostrado colaboradora con la Federación a la hora del respaldo en las alegaciones.

Por ello, la FCCV confía en que las alegaciones presentadas sean tomadas en cuenta, ya que si este proyecto viese la luz es evidente que tendría una repercusión negativa en el desarrollo de la actividad cinegética de caza mayor en la Comunidad Valenciana.

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