A debate la gestión de los espacios naturales protegidos y la propiedad privada

El miércoles 21 de junio de 2017, se celebró en la sede del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) situada en Nuevos Ministerios, una jornada organizada por la European Landowners’ Organization (ELO), junto a su socio español Aproca y a la Fundación Artemisan. Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración inestimable de Syngenta y Friends of the Countryside.

El presidente del FEGA, Miguel Ángel Riesgo Pablo, inauguró la jornada, en la que se habló de la Red Natura 2000, una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa. Considerada por la Unión Europea como el principal instrumento para la conservación de la naturaleza, una gran proporción de esta red se encuentra en terrenos privados, cuyos propietarios son los mayores interesados en preservar esta biodiversidad, y así lo han demostrado durante generaciones.

Durante la jornada, en la que han participado representantes del MAPAMA, de la Junta de Extremadura, la Universidad Politécnica de Madrid, Ferrovial, propietarios rurales, WWF, técnicos y juristas, se analizó el desarrollo de Red Natura 2000 en nuestro territorio nacional y se presentaron ejemplos prácticos que pueden servir de inspiración a los planes de gestión obligatorios en la misma, como por ejemplo la etiqueta “Wildlife Estates”, que es un reconocimiento de calidad a la buena gestión medioambiental, y que lleva evaluadas en España 570.000 hectáreas, la mayoría de ellas en manos privadas.

Los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 ha sido uno de las cuestiones más debatidas a lo largo de estas jornadas. La mayoría de estos espacios son de propiedad privada, sin embargo en lugar de valorizar la labor de conservación de estos propietarios, dichos planes están provocando un profundo malestar ya que desarrollan limitaciones a un modelo de gestión que es el que ha permitido su declaración como espacio natural protegido.

Es necesario, han concluido, el desarrollo de herramientas que impulsen la conservación de la biodiversidad, y para ello se ha organizado una de las mesas redondas en torno a la figura de los Bancos de Conservación de la Naturaleza, que permitiría a los propietarios rurales ejercer medidas a favor de la biodiversidad y el medio ambiente, sin suponer un sobrecoste a la administración pública, pero aun así bajo su control. El desarrollo legislativo de los bancos de conservación, provocaría la obtención de unos créditos ambientales a la propiedad privada, fruto de las inversiones que se realicen destinadas a la mejora de la biodiversidad, créditos que deberían adquirir aquellas empresas cuyas inversiones provoquen impactos ambientales.

 

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