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La FCCyL contesta a la UNAC sobre las cacerías de control en terrenos públicos de la Junta

La Federación de Caza de Castilla y León ha enviado una nota de prensa en relación a las cacerías colectivas de control poblacional en terrenos de caza controlada y cotos regionales de la Junta de Castilla y León, en la que exponen «los motivos reales de la denuncia de la UNAC y su intoxicación al colectivo cazador por la gestión de estas cacerías» por la FCCyL, y que reproducimos a continuación: 

El pasado 5 de noviembre, la UNAC (Unión Nacional de Asociaciones de Caza) emitió una nota a los medios calificando de «discriminatorio e injusto» que la Junta de Castilla y León hubiera adjudicado a la Federación Regional de Caza la gestión de los controles poblacionales en los terrenos públicos, contribuyendo además posteriormente a la confusión entre los cazadores y advirtiendo, sospechosamente en algún caso, sobre las posibles consecuencias para la caza y los montes.

Lo primero que debiera informar la UNAC a los ciudadanos cazadores y no cazadores es a quién representa y cuántos asociados tiene esta entidad para atribuirse alguna representación real y social de la caza. Los datos de la Federación de Caza de Castilla y León son públicos y oficiales, puesto que la Consejería de Cultura registra anualmente la cifra de afiliados, que, por supuesto, es de miles de cazadores.

La Federación de Caza de Castilla y León está oficialmente reconocida como entidad colaboradora de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y se cita en varios artículos de la Ley de Caza de 1996 y sus normas de desarrollo. Para mayor validación, está inscrita como entidad deportiva en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León y reconocida, por tanto, por la vigente legislación deportiva nacional y autonómica. Un reconocimiento que todos los cazadores, federados o no, debiéramos valorar en el actual panorama social y mediático de la caza.

Su naturaleza de servicio a los cazadores, sin ánimo de lucro, sus fines y el resto de objetivos que definen la acción federativa en el ámbito cinegético, están perfectamente recogidos en sus Estatutos, y es indiscutible su trayectoria a nivel nacional y regional defendiendo la caza con actuaciones de las que se han beneficiado todos los cazadores.

Si todo esto fuera poco como justificación de un convenio de colaboración (con unos derechos y unos deberes), la filosofía social de la Federación favorece precisamente eliminar los intereses económicos y la exclusión de los cazadores humildes y los locales que se pretende denunciar de forma interesada por la UNAC.

No hay que olvidar que el motivo de este convenio es la necesidad, reconocida por todos los sectores de la sociedad, de controlar las poblaciones de caza mayor ante la grave repercusión que para la agricultura, la ganadería y la seguridad de las personas y bienes tiene la explosión demográfica de estas especies.

Partiendo de esta premisa, hay que saber cómo se desarrollaban con anterioridad estas cacerías para conocer la realidad de la situación que se pretende denunciar.

La adjudicación era por sorteo entre las cuadrillas interesadas que, bien de forma social o particular, gestionaban el desarrollo de la cacería, que en algún caso se cedía incluso a orgánicas de la caza. El presupuesto económico de la misma y, por consiguiente, los precios por puesto eran por decisión del adjudicatario.

La Federación de Caza de Castilla y León, según el convenio suscrito y la filosofía y modelo social de gestión que tiene encomendado, sortea entre sus cazadores afiliados la totalidad de los puestos de la montería con un coste para los cazadores equivalente al reparto de los gastos que tenga la batida (seguros, rehalas, comida).

Es fácil deducir, pues, que cuando no se pretende ningún beneficio el coste será muy inferior al que supondría una cacería con objetivo económico (aunque no se tuviera ese interés, antes había que pagar las tasas de cacería y de abate por res que, por consiguiente, incrementaban los gastos).

El precio por afiliarse a la Federación de Caza es de 24 euros anuales. El ahorro en el coste de una sola de esas cacerías supone una cantidad mucho mayor que ese supuesto perjuicio económico que se denuncia.

Por otra parte, por voluntad expresa de la Federación, tal y como se recoge en las normas de las cacerías, los cazadores locales tienen reservado un porcentaje de puestos en el sorteo que prácticamente garantiza su participación en las cacerías de las localidades del área de influencia de la mancha.

La Federación tiene ya decidido también para los próximos años establecer un porcentaje social para cazadores jóvenes, jubilados y parados.

Y, por supuesto, la gestión se refiere exclusivamente a cacerías colectivas en terrenos de caza controlada y cotos regionales, y para nada afecta a la actual gestión de las reservas regionales de caza ni a la caza en otra modalidad. Los medios no debieran alentar noticias falsas y falaces, sin contrastar la versión de una fuente claramente interesada.

Confundir, intoxicar, contribuir a la difusión de bulos malintencionados y, lo que es peor, alentar o sugerir comportamientos que cuando menos podemos calificar de incívicos, no es ni ha sido nunca costumbre del colectivo de cazadores y sí parece más el comportamiento que surge actualmente en algunos sectores radicales anticaza.

 

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