Una ‘marea naranja’ tomó ayer las calles de Valencia para reivindicar su peso en la economía valenciana y denunciar el abandono de las tierras de cultivo y el poco apoyo de las instituciones al mundo rural. La manifestación, respaldada por más de una decena de asociaciones relacionadas con el mundo rural, congregó a miles de personas, que recorrieron un itinerario que arrancaba desde la plaza de San Agustín.
Los manifestantes, 40.000, según la organización, han puesto en evidencia la «crisis del mundo rural» que, a su juicio, se refleja «en la reducción del empleo agrario, de las tierras de cultivo, la disminución del número de licencias de caza, la presión ejercida sobre actividades como ‘els bous al carrer’, el ‘tir i arrossegament’, la colombicultura, la pesca o el silvestrismo».
En un documento elaborado para reflejar la situación del mundo rural valenciano, los convocantes aseguran que en las tres últimas décadas, las tierras de cultivo han sufrido una merma del 30% y que los principales cultivos han registrado una involución en el mismo periodo que oscila entre el 25 y el 88%.
«A pesar de que el empleo agrario ha experimentado un severo descenso del 62,7% (casi 100.000 puestos de trabajo) en las últimas tres décadas, hay que subrayar que las actividades que actualmente realizan los sectores convocantes de la protesta (agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores y silvicultores) junto a las industrias afines, es decir, el sector agroalimentario, generan un empleo directo superior a 171.000 personas, o lo que es lo mismo, el 9% del empleo en la Comunidad», subrayan en el documento.
Así, el volumen de negocio de estos sectores generan, aseguran, 14.623 millones de euros, «el 14% del PIB de la Comunidad.
Además, en la protesta, el mundo rural también ha denunciado que la fauna salvaje ha crecido un 30%, «acarreando graves pérdidas económicas al sector agrario, superiores a los 26 millones anuales».
La manifestación, además, también defiende actividades como los ‘bous al carrer’ o la pesca deportiva que generan, a su juicio, un impacto económico superior a los 200 millones anuales y que dan empleo a más de 2.000 personas.
«Las actividades que lleva a cabo el mundo rural son clave para gestionar de forma activa los ecosistemas forestales para adaptarlos al cambio climático, con el fin de lograr bosques más resistentes a los incendios, pero también a las plagas y las situaciones climatológicas extremas», concluyen.
Fuente: elmundo.es
