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Los cazadores de Guipúzcoa empiezan mañana una huelga indefinida

Es la primera medida de este tipo que se adopta en la historia de la caza en el Estado, que afectará al control de las superpoblaciones de jabalíes.

La Federación territorial lamenta que la Diputación desobedezca al Tribunal Supremo y prohíba la caza en el monte Ulía, además de dejar al colectivo sin convenio de caza mayor en los últimos cuatro años.

Ya avisaron el pasado 15 de abril, con una multitudinaria manifestación por las calles de Donostia – San Sebastián. Aquel día se convocaron concentraciones en toda España y la Federación Guipuzcoana consiguió la mayor movilización de todas, con 10.000 personas. Un año después, sus reivindicaciones no solo se mantienen, sino que se ha agravado la situación.

Por ese motivo, los cazadores de Guipúzcoa comenzarán mañana una inaudita huelga indefinida. Será la primera que se conoce entre este colectivo, que reúne a más de 20.000 practicantes en el territorio. Afecta sobre todo a la caza mayor (jabalíes y corzos), con las importantes consecuencias que conlleva ante la proliferación de las poblaciones de jabalíes.

En estos momentos, la caza es la única actividad capaz de controlar la superpoblación de esta especie, que está generando graves problemas en todo el norte de España, que van desde accidentes de tráfico, destrozos en cosechas y campos agrícolas, incluso su peligrosa aparición en cascos urbanos de numerosas ciudades. El colectivo lamenta las consecuencias de su huelga, pero “es la última medida que nos quedaba”, aseguran.

Los cazadores guipuzcoanos han llegado a un “momento límite” y han decidido interrumpir la práctica de su afición ante “la inacción y dejadez” a las que se ven sometidos por las distintas administraciones competentes. “También observamos un retroceso brutal en el Estado con un reglamento de armas que dejará al 20% de nuestros cazadores en casa y una ley del deporte que pretende cargarse nuestras modalidades deportivas por protección animal urbanita”, subrayan.

Los cazadores, agrupados en 110 sociedades y 69 cuadrillas de caza mayor que conforman la Federación, denuncian que llevan cuatro años sin aprobar un nuevo convenio de caza, lo cual coloca a esta actividad “en un limbo” con graves consecuencias. Una de ellas es la imposibilidad de fijar indemnizaciones cada vez que se produce un daño en campos agrícolas provocados por jabalíes, con los consiguientes perjuicios para los baserritarras.

En estos momentos, persiste un grave problema con la superpoblación de jabalíes, que además está generando una crisis sanitaria en Europa del Este y Central con la peste porcina africana, que ya ha llegado a la frontera entre Bélgica y Francia.

Partidos políticos alineados con posturas ultraecologistas

Entre sus numerosas demandas, figura la prohibición de la caza en el monte Ulía (entre los municipios de Donostia – San Sebastián y Pasaia), a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Supremo que considera esa prohibición fuera de la legalidad. La Diputación, lejos de acatar esa sentencia (que se remonta ya al año 2017), ha tratado de aplicar una nueva normativa que burla la decisión de los tribunales. La Federación Guipuzcoana de Caza se ha visto obligada a recurrirla de nuevo en los tribunales, con los consiguientes costes para el colectivo al que representa.

Frente a esta situación, que los cazadores llevan años tratando de solucionar a través del diálogo con los responsables políticos, el colectivo se ha encontrado con unos representantes que “en vez de buscar un acuerdo se han alineado con las posturas más intransigentes del ultraecologismo”, demostrando un desapego preocupante del mundo rural, tratando de aplicar estándares urbanos al ámbito natural, explican desde el colectivo.

“No nos explicamos esta falta de voluntad de nuestros políticos cuando en Guipúzcoa siempre se ha practicado una caza social que es un ejemplo de la defensa de la sostenibilidad y de la biodiversidad de nuestro territorio”, indican. “Las Federaciones Guipuzcoana y Vasca de Caza han trabajado siempre bajo la premisa de que la caza se debe gestionar como el aprovechamiento sostenible de un recurso natural renovable, desarrollando desde los años noventa el programa de estudios de caza sostenible”.

 

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