Un equipo de perros, entrenados en Lugo, formará parte del dispositivo que la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente pondrá en marcha próximamente en Extremadura para la detección de cebos envenenados en el medio natural, una práctica ilegal, contemplada en el Cogido Penal, que pone en grave riesgo a las especies protegidas de la región.
La medida forma parte de la Estrategia Extremeña de Lucha contra el Uso Ilegal de Cebos Envenenados en el medio natural, que hoy ha recibido el visto bueno de los miembros que componen la Comisión de Seguimiento de Ecotoxicología de Extremadura, en la que están representados, además de la administración pública, el Seprona (Guardia Civil), las fiscalías ambientales, sector cinegético y la Universidad de Extremadura.
En la reunión celebrada hoy en Mérida, el director general del Medio Natural, Guillermo Crespo, ha explicado que dicho equipo, que comenzará a funcionar en la región a partir del próximo 15 de septiembre, contará con un equipo de tres perros macho, raza pastor belga malinois, “similares a los que utiliza la Guardia Civil para la búsqueda de drogas y personas enterradas y/o escondidas”, y un guía especializado.
Según ha señalado, los perros fueron adquiridos a mediados de marzo y en estos momentos están siendo adiestrados para adaptarse al trabajo de rastreo en campo. Esta labor se realizará siempre en compañía de un agente del medio natural de la Dirección General del Medio Natural o de agentes de la Guardia Civil.
“El propósito –indica Crespo- es rastrear fundamentalmente las zonas donde se han detectado más venenos en el medio natural en los últimos años, pero también se buscará en otras zonas”.
En Andalucía esta iniciativa se puso en marcha hace al menos tres años con buenos resultados. Además de su efecto real para detectar la presencia de venenos en el medio natural, “tiene un poderoso poder preventivo, puesto que la presencia de los perros aumenta de un modo eficaz la sensación de que no quedará impune la colocación de un determinado cebo con tóxico y escondido entre la vegetación”, ha afirmado el director general.
Hasta dos años de prisión
Esta práctica ilegal está contemplada en el Código Penal, donde se estipula un castigo de prisión de 4 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses y, en cualquier caso, la inhabilitación para ejercer el derecho de cazar o pescar de 1 a 3 años.
En Extremadura, con un gran número de especies protegidas, resulta necesaria la lucha contra este tipo de prácticas, ya que pueden acabar con especies que se encuentran en grave peligro de extinción, explica el director general, y que son “de un valor incalculable para la conservación de la biodiversidad”.
En 2010 la Consejería detectó un total de 48 animales envenenados en 18 puntos distintos. En concreto fueron 27 buitres leonados, cinco buitres negros, tres alimoches, tres milanos reales, dos ratoneros y un gato montes, además de seis perros y gatos domésticos.
