Nota de prensa de la Federación de Caza de Castilla y Léon: «La Junta pretende ceder todos los procedimientos de adjudicación de cacerías a los propietarios de los terrenos»
Hacienda de muchos, los lobos se la comen (Refranero popular)
Las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León se crearon con la ilusión de conservar y promover determinadas especies que en un tiempo no muy lejano vieron muy mermadas sus poblaciones o estuvieron a punto de extinguirse en amplias zonas de nuestra geografía, y para alcanzar unos objetivos de densidad y aprovechamiento, incluida la donación de especies a otros lugares, todo ello ejercitando un aprovechamiento sostenible, social y tradicional, que actualmente fomenta la fijación de población en núcleos rurales y completa rentas en zonas deprimidas muy necesitadas económica y socialmente.
La titularidad de estos terrenos y su gestión corresponden a la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente.
En la actualidad las Reservas activas en nuestra comunidad son las siguientes:
Provincia Reserva Hectáreas
Ancares leoneses León 36.342
Fuentes Carrionas Palencia 49.471
Lagunas de Villafáfila Zamora 32.675
Las Batuecas Salamanca 21.513
Mampodre León 31.400
Riaño León 78.995
Sierra de Gredos Ávila 37.216
Sierra de la Culebra Zamora 67.340
Sierra de la Demanda Burgos 75.167
Urbión Soria 115.895
Hubo un tiempo, no tan lejano, en que se hizo necesaria la intervención pública para poner en marcha medidas que devolvieran antiguos esplendores perdidos por siglos de uso abusivo y descontrol de la fauna y flora. Pasados estos difíciles años de reforestaciones y repoblaciones el proyecto se convirtió en realidad y ha venido cumpliendo con su finalidad esencial: “promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el aprovechamiento de su caza”.
Actualmente está en fase de información pública el proyecto de Decreto por el que la Junta de Castilla y León tiene previsto modificar el régimen de regulación de estas Reservas Regionales de Castilla y León, trasladando toda la responsabilidad en el procedimiento de enajenación de la caza en estos terrenos a los propietarios de los mismos y eliminando así todos los cupos de caza (locales, regionales, nacionales y federados), menos el de propietarios.
Como Federación de Caza ya nos hemos opuesto presentando oficialmente a la Dirección General del Medio Natural una enmienda a este proyecto, considerando que la nueva regulación de las Reservas Regionales de Caza perjudicaría gravemente a los cazadores de Castilla y León, que se verían privados de cazar en estos terrenos a cuyo mantenimiento tanto están contribuyendo a través de las tasas de la caza, en beneficio del mejor postor, nacional o internacional, que se pueda permitir los precios de las subastas, sin control económico alguno por parte de la Administración.
Además, estamos convencidos de que la finalidad de estas reservas, que, como bien dice el proyecto, es “promover, fomentar, conservar y proteger determinadas especies, subordinando a esta finalidad el aprovechamiento de su caza”, se invertiría lamentablemente en un aprovechamiento de los rendimientos de la caza, subordinando para ello la promoción, fomento, conservación y protección de las especies por mucha tutela que se pretenda mantener desde la Administración.
No nos engañemos pretendiendo disfrazar con buenas intenciones el “mercadeo” con nuestro patrimonio natural que tanto daño causaría a nuestras Reservas de Caza y que se busquen argumentos para justificarlo cuando la única realidad es presupuestaria y económica.
Esta Federación representa y debe defender los intereses de los cazadores de esta tierra. La nueva regulación suena demasiado a dejación de funciones administrativas y a puesta en marcha de un plan privado para enajenar los cupos vigentes en favor de las empresas, con más ánimo de lucro que conservacionista.
La caza social y la igualdad de acceso a cazadores locales, propietarios, regionales o nacionales desaparecerá sin más.
En este nuevo modelo el mercado manda, pero mercadear con lo público nunca puede ser positivo. El único interés de los propietarios es económico, no social ni medioambiental, y esta regulación provocará una creciente presión de los mismos en su derecho a decidir sobre la gestión y aprovechamiento de los terrenos lo que puede suponer la desaparición sin más de nuestras Reservas de Caza.
No nos engañemos pretendiendo disfrazar de buenas intenciones la venta de nuestro patrimonio natural. Aún no es tarde para consensuar soluciones, ya que el verdadero problema radica en la financiación de las Reservas. Hacer viable la explotación de estos recursos es posible con consenso, nuevas fórmulas sin precipitación y políticos que asuman sus responsabilidades con amplitud de miras en estos momentos de crisis. No perdamos un tesoro de incalculable valor.
