Nota de la FCCyL sobre el sistema actual de subastas de caza en las RRC

Con el título ¿Son nuestras las reservas de caza de Castilla y Léon? la Federación de Caza (FCCyL) de esta comunidad ha enviado a los medios una nota de prensa preguntándose sobre la idoneidad del actual sistema de subastas de lotes de caza de la reservas regionales de caza (RRC), que reproducimos a continuación:

 

 

Recientemente, los cazadores hemos recibido correos electrónicos, parece ser que amparados por la Junta de Castilla y León, dado también figuran en su página web, de un portal denominado subastasdecaza.com, que se autodefine como un sistema de publicidad de lotes de caza en las Reservas Regionales de Caza de Castilla y León.

Sorprende, en primer lugar, que la prestación de este servicio, que en principio parece propio de la Junta de Castilla y León al estar incluido en su web, esté gestionado por la Fundación CESEFOR, entidad privada formada por la Diputación de Soria, la Universidad de Valladolid, Tableros Losan SA, Puertas Norma SA, la Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León y La Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León. 

En segundo lugar, sorprende que un servicio que, evidentemente, interesa a propietarios y a cazadores y que evitará en gran medida las clásicas subastas que anualmente se realizaban en las reservas, sea sólo voluntario para los propietarios que quieran adherirse, con los que se mantendrán las antiguas subastas.

En tercer lugar, vemos que, una vez más, un servicio que la Junta debería prestar de manera gratuita como el resto de actuaciones que han sido informatizadas, al realizarse por una entidad privada, se convierte en un servicio de pago: 20 € por inscribirse y un 5% del importe de la adjudicación de la subasta.

Y, por último, una vez más se ha obviado a los representantes del colectivo de los cazadores, con lo que la gestión de las reservas de caza se ha convertido en la práctica en una transacción comercial a favor de los propietarios de los terrenos, que en la actualidad son los únicos titulares de la caza cuyo coste es sufragado por los impuestos de los ciudadanos.

Resulta, como mínimo, chocante que la aparición de este servicio haya coincidido con la aplicación de la Orden FYM/801/2012, de 23 de septiembre, de la Junta de Castilla y León por la que se modifican los cupos de cazadores que se establecieron en la Orden MAM/1253/2005 y en virtud de la cual desaparecen los cupos asignados a cazadores nacionales y extranjeros, regionales, federativos y vecinos, éstos con posibilidad de “trampa” si existen daños, permaneciendo exclusivamente el cupo de propietarios.

Si uno de los principales objetivos de la creación de las reservas de caza, fue conseguir “la máxima satisfacción social y recreativa“, y si ya era difícil con el antiguo sistema en el que un cazador medio tenía restringida su participación mediante subasta en el 80% de los aprovechamientos (70% propietarios y 10% vecinos) ahora lo tiene en el 100%, excepto si paga las cantidades que en concepto de cuota de entrada se están estableciendo en las subastas y que quedan muy lejos del objetivo de “satisfacción social”.

Con este planteamiento y dado que sólo se podrá cazar en nuestras reservas al precio de lo que costaría cazar en el extranjero, tenemos que plantearnos como ciudadanos si es conveniente, en la situación de recortes que vivimos, el mantenimiento de unos entes, las reservas, que han perdido su carácter social, que ya no son necesarias en la conservación de la fauna por el gran desarrollo que ésta ha tenido y que sólo cumplen una función de aportación de recursos a las zonas en las que se enclavan, recursos que son detraídos del resto de ciudadanos.

Muchos se sorprenderían si se hiciese público el coste de la caza de los aproximadamente 1.050 ejemplares que se abaten a rececho cada año, y todo para que los propietarios puedan subastar sus aprovechamientos. Como no se están cumpliendo más objetivos que los económicos, parece más propio que quien obtiene el beneficio corra con los gastos, que se libere a los agentes medioambientales de sus obligaciones cinegéticas y éstas sean asumidas por los propietarios, porque en el colmo de los colmos, entre otros, los daños que produce la fauna de las reservas es asumida por la Junta de Castilla y León, daños que, obviamente, son producidos a los propietarios de los terrenos que son los únicos que actualmente se benefician.

Y, además, esta situación tendrá otras consecuencias negativas. Sin duda, surgirá la habitual picaresca. Al cazarse menos ejemplares habrá más daños, con más coste, y se posibilitará la autorización de “control poblacional” que deberá ser realizado por la guardería o por los vecinos, con lo que, o nos cuesta dinero o incumplimos la norma, y además, nos quedará la duda de qué pasará con los aprovechamientos no adjudicados en subasta pública, ¿se adjudicarán en el último momento por adjudicación directa sin publicidad y a precio de saldo?

Para evitar este tipo de situaciones futuras en las reservas, o se pasan los costes de su gestión cinegética a los propietarios de los terrenos, con lo que desaparecerían por falta de interés de éstos, o bien se retoma su antiguo carácter, pero con unos cupos mucho más equilibrados.

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