La Federación de Caza de Castilla y León acusa a la Junta de Castilla y León sigue interpretando y aplicando la normativa cinegética de forma diferente en cada provincia.
Según un comunicado publicado en la página web de esta federación, la coloquial expresión»reinos de taifas», que evoca la división del califato cordobés en reinos políticamente independientes en torno al año 1000, «sirve perfectamente para definir la gestión que de la cuestión medioambiental y en concreto de la gestión cinegética realizan los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que además no son entes autónomos, lo que provoca mayor indignación».
Es una reivindicación histórica de la Federación ante la Consejería de Medio Ambiente y en concreto ante la Dirección General del Medio Natural que se establezcan directrices comunes para que en los Servicios Territoriales de las provincias y, ante la misma situación y circunstancias, se dicte la misma resolución, «una cuestión que en otro área de la Administración parece de perogrullo, en esto de la caza casi se convierte en excepción.»
Desde la Federación afirman: «Si tenemos que creer al Director General del Medio Natural y al Jefe del Servicio de Caza y Pesca, que manifiestan que reiteradamente dictan normas internas sobre aplicación e interpretación de la ley y normas vigentes, y no tenemos por qué no creerlos, porque la reglamentación que surge de la Consejería es clara y aceptable, los tiros, con perdón por la expresión, pero viene muy al caso, apuntan a los responsables de la gestión del medio ambiente en las provincias».
En este sentido apuntan que el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, «tiene la obligación de dejar de lado su opinión y gustos personales como ciudadano y hacer primar la ley, evitando siempre interpretaciones forzadas o arbitrarias de la norma. Lamentablemente, en la gestión cinegética algunos funcionarios se ponen el disfraz de animalista radical y aplican e interpretan la norma con una discrecionalidad que en algún caso abochorna».
«Y no crean que en esta situación interviene algún alto cargo de la Administración; no es necesario, casi todo lo contrario, un jefe de sección de caza, un técnico de medio ambiente e incluso un agente medioambiental, solos o en combinación, son suficientes para boicotear cualquier autorización o permiso que se solicite para algo tan normal como un control de especies por daños a la agricultura o a la fauna», asegura el ene federativo.
La facultad «omnímoda» que la norma otorga al técnico responsable de informar favorable o desfavorablemente sobre los permisos de caza «y también de retrasar sin motivo alguno este informe» posibilita, según las inclinaciones «más o menos anticaza del funcionario», la manipulación del expediente desde la base, «e impide al superior jerárquico, Jefe del Servicio Territorial, Delegado Territorial y así en rango autonómico hasta el Consejero, deshacer el entuerto, aunque estos estén convencidos de una mala actuación, precisamente para no ser acusados de prevaricación».
«Este cúmulo de desafueros de la Administración indigna al ciudadano cazador que se siente una vez más impotente y, en este caso además, con la ley en la mano», añade la FCCyL.
Los representantes federativos lamentan que se denuncie continuamente esta situación ante los responsables políticos autonómicos, se denuncie en los propios consejos territoriales y Autonómico, en los que incluso se ponen nombres y apellidos sobre la mesa con los interlocutores presentes, «pero parece que esto no es suficiente».
«Se están produciendo denegaciones sistemáticas en algunas provincias y, en concreto en Zamora, de solicitudes de permisos para el control de las poblaciones de jabalí y ungulados por daños a la agricultura. Son especies en clara progresión que además de estos daños económicos provocan accidentes en las carreteras, que parece que algunos funcionarios quieren contribuir a generar».
Dada la persistencia de esta situación por años, «que parece no tener solución y que los políticos no saben o no quieren corregir», la Federación de Caza de Castilla y León va a cambiar de estrategia. «Con las resoluciones denegatorias (o los plazos de solicitud) en una mano y la condena por reclamación de daños a la agricultura o en las carreteras en la otra, asesoraremos a todos los perjudicados en la presentación de reclamaciones patrimoniales contra la Junta de Castilla y León, y si es necesario también en la vía judicial», y tampoco descarta la vía penal para denunciar «las conductas arbitrarias de los funcionarios en cuanto tengamos pruebas fehacientes de una actuación parcial».
