Una acción legal detiene el proyecto de ley que prohibía la caza deportiva en Costa Rica

En una acción legal que cuestiona la constitucionalidad de la iniciativa popular que permitió la aprobación en primera instancia de una modificación a la Ley de Fauna Silvestre de Costa Rica que hubiese prohibido la caza deportiva, mas no la de subsistencia o colecta científica, grupos representativos de la comunidad de cazadores deportivos lograron detener el segundo debate y posible promulgación de esta nociva propuesta.

 

La acción de constitucionalidad, presentada por el Movimiento Libertario ante una gestión del Dr. Ricardo Guardia, abogado, cazador, conservacionista y miembro del Safari Club Internacional (SCI) está siendo evaluada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la nación centroamericana.

 

Lo que hemos escuchado en la prensa

Costa Rica aprobó el pasado 2 de octubre una inédita reforma de ley que prohíbe la cacería deportiva, primer proyecto que llega al legislativo por medio de un sistema de iniciativa popular, según fuentes parlamentarias.  La nueva ley, que aún debe ser sometida a un segundo debate, permite la cacería de animales exclusivamente con fines de investigación científica, subsistencia y control poblacional de especies, pero no prohíbe, sin embargo, la pesca deportiva. Además, sanciona la tenencia como mascotas de animales silvestres, como loros, mapaches y monos.

El proyecto fue aprobado por 41 a 5 votos. El Congreso volverá a examinar la cuestión en una segunda ronda, pero esta segunda vuelta se ve como una simple formalidad.

La propuesta llegó a la Asamblea Legislativa mediante ese sistema con el apoyo de 177.000 ciudadanos, impulsados por la organización no gubernamental Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), quienes afirmaron que este proyecto es trascendental porque “Costa Rica es el primer país en la región centroamericana en aprobar una ley de iniciativa popular”.

Con una imagen de país verde, Costa Rica prohibió desde hace una década la utilización de animales silvestres en los circos. El 26% del territorio costarricense está declarado parque natural y, por tanto, protegido, y el país alberga casi el 5% de la biodiversidad del planeta, aunque enfrenta problemas de contaminación y daños del medio ambiente.

 

La historia desde adentro

La iniciativa se originó dentro de un grupo ecologista a través de la captación de firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y a lo largo de los años que demoraron en captar estas firmas, llegaron a sumar 177.000 firmas. 

Con este padrón lograron el apoyo inicial del único diputado representante del Frente Amplio, José Maria Villalta, quien, a su vez, logró el respaldo del Partido Acción Ciudadana convenciendo al restante de los miembros de la Cámara con el pretexto de que “no apoyar esta prohibición implicaría estar en contra de un país ecologista o verde”, lo que les traería graves consecuencias políticas.

Como ya es usual en este tipo de escenarios, la prensa tomó partido a favor de la prohibición presentado material fotográfico acorde con su posición.

Sin embargo, el proyecto inicial, que tenía graves errores de concepción, fue revisado hasta en cuatro oportunidades, presentando, finalmente, un texto substitutivo –bajo el apoyo de las firmas recolectadas– habiéndose aprobado este último texto, del cual la prensa mundial ha dado cuenta.

Sin embargo, este último texto no cumplió con el requerimiento legal de su publicación en el Boletín Judicial, el periódico oficial, alegando que “la misma no era necesaria por tratarse del mismo proyecto”. No obstante, se trataba de una versión que había sufrido hasta tres modificaciones.

El único partido que se opuso vigorosamente a este proyecto fue el Movimiento Libertario, quien hizo la consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se pronunciara en el sentido de si el trámite legislativo había sido el correcto.

Según el Dr. Guardia, gestor de esta iniciativa, “la Sala debe anular el procedimiento, pues existe amplia jurisprudencia en el sentido que la falta de conexidad entre un proyecto y las modificaciones que se le hagan es causa de inconstitucionalidad”. “Lo anterior implica –añade el Dr. Guardia– que el proyecto ya no puede conocerse como de iniciativa popular”.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse antes de fin de mes, lo que ha generado muchas expectativas en la comunidad conservacionista internacional. “Las políticas de Estado de los países latinoamericanos están adaptando el uso sostenible del recurso fauna silvestre, por lo que una acción, como la que estamos viendo en Costa Rica, no sólo es retrógrada, sino que tiene un marcado sentido discriminatorio contra los cazadores deportivos en particular. Esta iniciativa tenía, pues, nombre propio”, nos indicó J. Thomas Saldias, representante del Safari Club Internacional (SCI) para Latinoamérica, grupo que está apoyando la gestión del Dr. Guardia en representación de la comunidad internacional. “El SCI está movilizando la vasta experiencia de nuestros abogados en Washington para apoyar y monitorear el proceso que se viene desarrollando en Costa Rica”, añadió Saldias.

Con miembros activos en más de cien países, los miembros del SCI son una fuerza positiva que ayuda a preservar el herencia cinegética y a generar el desarrollo económico de las comunidades rurales a través de la promoción del uso sostenible del recurso fauna silvestre.

Para mayor información visite la página del SCI (www.safariclub.org)

SCI cuenta con varios capítulos en la región Latinoamericana, para mayor información visite la página del SCI Latinoamérica en Facebook.

Para ver la nota oficial de la Asamblea de Costa Rica sobre el pedido de Consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema: http://www.asamblea.go.cr/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=3117 

En la imagen, el Dr. Ricardo Guardia.

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