(Definición de políticos que legislan para dar satisfacción a las masas, o de cómo acabar de una vez por todas con la rehala y la montería social)
La debilidad que ofrecemos, el mundo cinegético en general, nos está llevando de sobresalto en sobresalto. En cada amanecida nos encontramos con alguna medida legal o fiscalizadora que nos humilla como colectivo, más que como cazadores, ateniéndose a las distintas modalidades y los legalismos que esa práctica nos obliga.
Este acoso está aburriendo a muchos, hartos de seguir ejerciendo una actividad repleta de regulación, excesiva en todos los órdenes, que no sólo se centra en el ejercicio del cazador, en base a sus diferentes documentos. Nos referimos a los espacios, los medios empleados, métodos y artes, sin olvidarnos de las tasas e impuestos, que ahora abren una nueva veda en busca de supuestas relaciones laborales y, por tanto, con total consideración económica en el desarrollo de nuestra montería española.
En el ojo del huracán
Pues bien, ahora le toca el turno a la montería española y a todos sus auxiliares. Dentro de esta modalidad, en la que habitualmente se insiste en el conocimiento de sus reglas para poder disfrutarla intensamente, ahora puede desaparecer todo lo que la tradición y la ética marca como imprescindible para su grandeza. Por orden de la experta en Trabajo y Seguridad Social y ministra de amplios conocimientos cinegéticos, Fátima Bañez, ahora quieren que pase por el aro el último de los reductos de libertad que puede quedarnos como seres libres, la práctica de la caza, inscrita sus reglas en nuestra íntima carga genética.
En muchas provincias de España se está requiriendo al organizador a que presente libro de matrícula de sus trabajadores, contratos de servicios a rehaleros, a quien presta el catering, honorarios de veterinarios y un largo etcétera… de los diversos auxiliares, igual que si de una empresa se tratase.
Esto no es extraño cuando hablamos de orgánicas, con buena base en contratos y beneficios históricos, que tienen en las monterías y otras prácticas cinegéticas su base de actividad y las contrataciones oportunas para organizar las diversas modalidades, a cambio de una legítima contraprestación económica, siendo legítimo el lucro desde estas actividades. Reconocemos la existencia de modalidades cinegéticas, y empresas con motivos reconocidos en sus estatutos, que generan beneficio empresarial, aunque no quiera esto decir que toda la caza tenga el mismo objetivo y componendas en cuanto a relaciones contractuales con los intervinientes en la misma.
Entonces… ¿era necesario, que los responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social organizaran esta campaña a nivel nacional? Son tan poco válidos todos los interlocutores y organizaciones de cazadores y la información es tan escasa en este tipo de situaciones, que no se deben de haber enterado de la amplia información que ofrecen las orgánicas y la publicidad de sus calendarios monteros por un lado, y las preceptivas autorizaciones que Medio Ambiente tiene que conceder para la celebración de monterías, batidas y recechos, para no tener perfectamente identificadas aquéllas cuyos aspectos comerciales entren dentro de supuestas relaciones laborales.
Tratar, además, a toda la geografía nacional por igual es un desatino. No se puede tratar por igual a las distintas regiones españolas. Incluso las zonas monteras donde hay grandes fincas y terrenos dedicados a la faceta más comercial, conviven con sociedades y clubs deportivos, sobre terrenos arrendados por ellos, sin la existencia de ningún lucro y como actividad deportiva y de ocio, marcando también una dicotomía diferenciadora cuando menos.
¡No tenemos nada que justificar!
La cosa hay que plantearla más o menos, como sigue. La falsa conciencia política de quien ordena las inspecciones, no lo dudéis, es por el alcance de la prensa, estéril en facetas de opinión, que se hace eco de los políticos y mangantes que cazan y alarman a la pura conciencia ciudadana retratados junto a sus trofeos.
Primero, un ministro un poco… ¿ignorante?, dándose a la foto en malas compañías (poder judicial), al que sigue un jefe de estado dilapidando el dinero de un pueblo en época de vacas flacas y, por si no faltara la guinda al pastel, un presunto, de los presuntos de toda la vida, y ahora a cargo del contribuyente, con plásticas fotografías de fauna africana… Y, entre unos y otros, unos cuantos más con Mirós en el retrete y pabellones dignos de Vanity Fair.
Lo que duele no es el hecho de ser cazadores, sino utilizar como tal un ocio legal y regulado y percibido por la opinión pública como ostentación de riqueza. Oros, platas y bronces en las siempre publicitadas monterías de multimillonarios y conseguidoras de beneficios personales. De la montería y caza social, ni mentarla, como mucho unas pocas líneas en alguna colaboración menor.
Frente a la sociedad, que recibe sólo informaciones de los cazadores más retratados, publicitados, ensalzados y admirados, existen una inmensa multitud de venadores en todas las clases sociales que no se merecen el mismo trato, ni tienen las mismas expectativas cinegéticas por parte de la sociedad que, además, no tiene por qué comprendernos.
El cazador moderno, para poder seguir cazando, no sólo tiene que aceptar las reglas de juego que se le están imponiendo, sino que tiene que dar a conocer a la sociedad, que el modelo real no es la convivencia entre los diversos seres –siempre hay unos que se comen a otros–, que en los cuentos de la infancia el cazador ya no es héroe, le otorgan el papel de villano, que la defensa de la caza no pasa por justificarse, precisamente, y que, además, las siempre mismas frases que utilizamos en nuestra pobre defensa están caducas y trasnochadas y se demuestran estériles en su difusión.
¡Estamos orgullosos de ser cazadores!; si es así, lo primero, demostrarlo. Segundo, no justificar algo como la caza que es tan obvio; tercero, presentar la otra mejilla una y otra vez, siempre, es un ejercicio (demostrado) de gilipollas; cuarto, si generamos tanto dinero, calentando las orejas de quien no nos entienda, estaremos dando paso a quien quiera organizarnos el sector, que, en boca de políticos, se promete como la solución de zonas desfavorecidas y deprimidas, del turismo rural y de interior, restauración y muchos más negocios, que ya tienen ingresos a nuestras expensas, dinero que destinamos al ocio y eso cotiza en todos los casos en negocios perfectamente legales.
¿Qué es lo que buscan?
¿Qué pretende hacer en las monterías Trabajo y Seguridad Social? Me imagino que, por un lado, conocer que hay de verdad y mentira en la caza profesionalizada, organizada de antemano y cuyo fin es el económico (muy loable), con las pretensiones de ‘cuantos más metales mejor’, y el alcance que este tipo de caza tiene en nuestro país.
Al extender este tipo de controles fuera de las monterías comerciales puede darse un efecto demoledor en las estructuras actuales. Hemos tenido unos años en los que la abundancia de recursos económicos produjo una explosión en gasto cinegético. Por cuatro pájaros y media docena de reses se pagaban burradas y, ahora, con las mermas, este estado de cosas no se puede mantener. La caza, en más del noventa por ciento de los cazadores y en la inmensa mayoría del territorio nacional, es caza social, de ocio, el más esperado y practicado por los habitantes de la ruralidad y con los que no queremos perder el vínculo con la tierra los urbanos, personas que viven su día a día y trabajan, como cazadores. Que lo entienda quien corresponde va a ser difícil, pero no imposible, esto es algo que ya deberíamos tener aprendido, pero que parece que a las organizaciones de los cazadores no les preocupa otra cosa que su parcela y el arca que lleva aparejada.
¿Qué es lo que buscan? Legalización laboral de los participantes en la montería, ¿en todas o en alguna? Aplicar legislación penal en los incumplimientos, ¿en todas o en algunas? Bajar las listas del INEM por esta causa en autonomías deprimidas y empezar a generar empleo mediante estos supuestos y después lanzarlo a los cuatro vientos, descubrir que en España se conducen en todos los supuestos hacia una democracia autoritaria, que quiere legislar y fiscalizar, los astros, el ocio y los placeres. ¡Deben de creer que cobran las mismas dietas que nuestros prebostes en sus plenos! La propina sirve a la rehala para ayuda a sus numerosos gastos y siempre han sido los más deficitarios en la caza en España, siempre obligados a numerosos gastos que no se cansan de instaurar las diferentes comunidades españolas.
Pues tendrán que utilizar un manual de prácticas interrogatorias propias de la Stasi o de la Gestapo para descubrir cómo se ingresa y se gasta el dinero de la caza, que ni nuestros cónyuges, en el mejor de los casos, conocen. No se dan cuenta que en lo pasional marcan los tiempos y las formas, el deseo frente a la necesidad… Esto es caza y la caza es en muchas ocasiones un irrefrenable deseo de libertad y oficio.
¿Quién valora una rehala?
Admitidos como están los gastos y documentos necesarios en el control de la caza, licencias, seguros, permisos, guías, y gastos que genera la práctica, creen en el Gobierno que admitiremos, sin más, contratos laborales, nóminas, recibos y facturas, la contratación de asesoría laboral y la presentación de nuestras declaraciones en Hacienda. Esto no es conocer la realidad de la rehala. 365 días al año de dedicación, de obligaciones en Sanidad y Bienestar Animal, de adaptarse en núcleos zoológicos, en transporte y sus métodos, en vacunaciones, micro-chipados y cartillas, desinfectaciones y productos, en ser los más madrugadores de los cazadores, cargar a sus perros, rellenar talonarios y libros, no olvidarse de nada, llegar a la junta a pasar controles de todo tipo de Guardia Civil y guardería, cumplir con su obligación y con buena cara aguantar los diversos incidentes monteros, con suerte recoger todos los perros y salir para la perrera con todos los ejemplares enteros, alimentarles y cuidar sus heridas, desinfectar el carro para el próximo día, precintarle e intentar dormir y vuelta a empezar… Esto no se puede negociar en un convenio colectivo, ni con jornada laboral al uso y, encima, si los hombres reciben propina, quieren fiscalizársela.
Quien tiene una rehala está asegurando una fuga económica de recursos propios y lo admitirá frente a quien sea necesario, ya que disfruta de la caza con sus perros, le da lo mismo tener ingresos, necesita generar los menores gastos y, aun sabiendo los infernales requerimientos legales, con la pasión y el oficio que profesa seguirá con sus perros.
Asistir con sus perros a monterías y batidas sociales no es realizar una prestación de servicios, pues el rehalero es uno más de la partida de caza y cumple con una función, de las más imprescindibles, con sus perros, para conseguir el mismo fin de todos los participantes.
Él localizará las reses, las perseguirá, las abatirá si se emplazan, llegado el caso, y las cobrará como fin último de la acción de caza. Lo que sí es imprescindible es su concurso para que otros participantes consigan los mismos resultados y, que por ello, del resto de los participantes reciba una compensación de gastos por los kilómetros que hace con su vehículo, que debe de ser específico para el transporte de perros. En ocasiones percibe puestos en la montería a cambio, para uso de familiares, amigos o colaboradores en la manutención de los perros…
Lo que es imposible de cuantificar es la inmensa satisfacción que recibe por el día de caza y la compañía de sus perros, a los que mima durante todo un largo año.
Muchos pueden quedar fuera…
Pero, he aquí que muchas organizaciones ¿de defensa de los cazadores? dan por inevitable el admitir las prácticas laborales, y orgánicas y empresarios las empiezan a aplicar, obligando, sin el necesario consenso, a su aceptación. Y hombres que han luchado toda su vida por llegar a la montería, pueden quedar fuera de ella si no aceptan lo inaceptable, y los que no lo sufren les importa una higa y se atreven a negociar en nombre de un colectivo que aún no se ha informado convenientemente y pronunciado al respecto.
Nos imaginábamos que, incluso en nuestro país de pandereta y castañuelas, las cosas ya se encaminaban por senderos muy diferentes al de ordeno y mando de los políticos actuales.
El sector quiere ser escuchado en sus planteamientos (no confundir con reivindicaciones) y para esto se debe prestar un gran foro donde discutir el tema de la montería fiscalizada y sus practicantes. Un gran congreso donde ministerios y consejerías, por un lado, orgánicas/os, por otro, fuerzas de seguridad, clubes deportivos, sociedades de cazadores, rehaleros, auxiliares… dialogaran y aceptaran ciertas reglas de juego, a las que ciertas prácticas cinegéticas parecen abocarnos.
Definir a los políticos qué es la caza fuera de las atribuciones que el cargo y el dinero marcan como situaciones habituales en imprescindible.
De darse la situación de que algunos rehaleros vean en esto la profesionalización y eliminación de competencia (que de todo hay), están errando su apreciación. No se desprende de lo comentado que darse de alta en una actividad económica, en el Régimen de Trabajadores Autónomos, con dependencia de las medidas y obligaciones fiscales, terminara con la práctica de la caza con rehalas amateur. Siguen teniendo los mismos derechos en la práctica de la caza con rehala, ya que pueden ser propietarios de la misma y estar encuadrados en cualquier régimen laboral. Los auxiliares en las rehalas, llamémoslas comerciales, sí tienen esa dependencia y obligación en el alta, en cualquier caso, si prestan un servicio y cobran por ello siendo conductores de perros ajenos.
Esta dependencia en acompañar a la rehala un día de caza también puede darse como afición, compartiendo los hechos de los perros como propios y viviendo y aprendiendo de las experiencias de los propietarios. Si esto también se debe considerar dependencia del propietario de la rehala, no puede calificarse como generador de la obligación de relación por cuenta ajena y dependencia laboral del rehalero, que es lo que motivaría un alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Tenemos muy claro que esta campaña es un difícil trabajo para los inspectores, sobre todo cuando, de seguir la pista de los gastos, les lleve a armerías, gasolineras, restaurantes, arrendatarios, etcétera… que en todas las situaciones son agentes productivos y no participan directamente de la actividad cinegética, dándose la circunstancia que la mayor parte de los ingresos generados lo tienen los ayuntamientos. Por lo tanto, no perder los nervios en esta situación y no admitir como ciertos hechos que pueden sentar graves precedentes. En esto de la caza no se dan dos situaciones iguales, pero lo que es obvio, no lo es tanto cuando de desgranar la espiga se trata. Parece que se está errando el tiro y tienen que apuntar hacia otro lado.
Por Felipe Vegue Contreras.
