Mucho se ha escrito ya sobre la dignidad de la caza. Es celebre el tratado Origen y dignidad de la caza, 1634, de Juan Mateos, montero y ballestero al servicio de los reyes Felipe III y Felipe IV, pero poco o nada se escribe sobre la dignidad del colectivo.
Dignidad y caza, posturas encontradas
No soy muy dada a escribir artículos de opinión, porque de opiniones y relatos ya está bien servida la caza, y creo que es mucho más útil orientar al cazador en aquellos problemas jurídicos a los que se enfrenta en su día a día. Pero como estamos en España, y así nos va, me voy a permitir exponer una serie de cuestiones sobre el ‘mal de la caza’, a los que responderé con los argumentos jurídicos que deben servir de base para su propia defensa y que ningún órgano representativo de nuestro sector entiende que sea su menester.
La caza, socialmente, no está bien vista, nos guste o no nos guste, ésa es la verdad. Las nuevas generaciones se pueden pasar horas disparando a sus iguales en crueles y sangrientas batallas online, pero no acompañarían nunca a sus padres o abuelos, en una jornada de caza, puesto que ésta, hoy por hoy, carece de ética y nadie hace nada por demostrar lo contrario.
El problema de la información no contrastada
El 80% de los cazadores son furtivos, y en eso estamos de acuerdo todo el sector, al menos eso es lo que transmitimos al exterior.
Yo, que soy asidua a las nuevas tecnologías y que participo en varias redes sociales y varias plataformas de contenido cinegéticos, me asombro cómo desde el propio sector se publican constantemente noticias sobre casos de furtivismo o malas prácticas cinegéticas, que, a su vez, se hacen eco en los principales periódicos de todo el territorio.
Somos nosotros mismos los que faltamos a la dignidad de la caza cada vez que compartimos noticias de este tipo, somos nuestro peor enemigo, nos dedicamos a asistir a manifestaciones a favor de la caza, a llevar un pin en nuestra chaqueta que dice: «Sí a la caza», pero no defendemos la verdad, olvidamos que el cazador tiene dignidad y un derecho al honor que muchas veces se mancilla y no pasa nada.
El 70% de las noticias que se publican en los medios especializados y compartimos en nuestros perfiles sociales sobre supuestos casos de furtivismo, son manipulaciones informativas, y eso, por desgracia, lo sabemos los abogados que defendemos a esos supuestos furtivos, que no son nada más que cazadores de buena fe que, ocurriendo más de lo que debería ocurrir, se encuentran con unos agentes de la autoridad ociosos.
La tónica es la misma: se filtran al periódico local unos hechos que muy pocas veces son constitutivos de infracción y casi nunca de delito; de hecho, cuando estas noticias se publican no existe aún sumario o expediente administrativo. Pero no importa, puesto que, sean ciertos o no, la sociedad toma conciencia de la gran labor que se hace en nuestros montes y se ensucia el nombre del colectivo cazador.
La gravedad de esta información no queda solo ahí, sino que esas propias noticias las compartimos y las hacemos nuestras los cazadores, cuando lo que deberíamos exigir es que la información esté contrastada, y que cualquier noticia relacionada con la caza en circunstancias ilegales sea publicada sólo cuando exista una resolución firme de condena.
Presunción de inocencia y derecho al honor del cazador
El cazador per se no goza nunca de los principios constitucionales de los que goza cualquier ciudadano. También se le niega por sistema el principio de presunción de inocencia por ser simplemente cazador, y de eso se encarga ya la Administración en cada procedimiento sancionador.
La Administración debería ser consciente de ello y, aun cuando pudiera ocasionar esto alguna ampolla, es patente que existen ciertos déficits de formación jurídica en quienes se encargan de la tramitación de los expedientes. Resulta extremadamente complicado que la Administración sea sensible con argumentaciones de carácter técnico asociadas al principio de legalidad, culpabilidad o proporcionalidad entre otros muchos.
Lamentablemente, tan sólo el argumento fáctico posee posibilidades, y siempre escasas, de obtener resultados. La denuncia de los agentes de SEPRONA se convierte así en una garantía de sanción. Cualquiera de estas actuaciones realizadas sin las garantías que convierten a una sociedad en una civilización, deberían ser reprimidas, no sólo está en juego el honor del cazador, sino algo mucho más sutil y al mismo tiempo más importante: el mismo estado de derecho.
Pero como no existe un derecho al honor de los cazadores, ni tratándose de nuestro propio honor, admitimos cada ofensa como parte de la indumentaria, es la cruz que debemos llevar y eso no puede admitirse ni una vez más. ¡No conozco aún ninguna demanda en los tribunales ordinarios, frente a los múltiples ataques, insultos y amenazas que sufre el colectivo por parte de los animalistas!
Es habitual ver como en redes sociales, tipo Twitter, los grupos anticaza insultan, amenazan a través de sus cuentas a múltiples cazadores o defensores de la caza, ¡y nadie hace nada! Los que deben de hacerlo prefieren defender otros intereses y los que son ofendidos desconocen las posibilidades jurídicas o bien asumen que es una carga a soportar por todos los que practicamos la caza.
La situación asfixiante de crisis económica determina una serie de imposición de sanciones sobre hechos en la mayoría de las veces no contrastados, con el único objetivo de obtención de recursos económicos por parte de las administraciones y, además, se filtran a los medios de comunicación sin ningún reparo por un lado y por otro, ante un colectivo que se preocupa más de los resultados cinegéticos que de la promoción ética de la caza en una Sociedad Wifi(*). ¡Es necesario que alguien haga algo!
Si las federaciones gozan de unos servicios jurídicos de rigor, deberán igual ser éstas quienes inicien aquellas acciones legales pertinentes para la defensa de sus asociados, y si no les compete a ellas, al menos será necesario que el sector conozca que existen armas legales para la defensa del honor y de la dignidad de la caza.
Defensa y apoyo del colectivo frente los ataques
Debe defenderse cada ataque con independencia de que determinadas acciones legales sean personales.
Aunque las acciones correspondan a un individuo (aquel que es dañado en su honor), debe el sector apoyar a ese individuo.
Si las federaciones, asociaciones, etcétera, no tienen capacidad para ello, por el bien del sector debe constituirse una plataforma de defensa que trabaje en varias líneas, sobre todo en la línea jurídica, dando el apoyo necesario a aquel que ha sufrido algún ataque por su condición de cazador, para que ningún ataque sea gratuito y pueda ser condenado por los tribunales, sólo así defenderemos la dignidad de la caza y evitaremos nuevos ataques.
Una plataforma de defensa que trabaje en varias vías
Estoy totalmente convencida de que la necesidad de constitución de una plataforma de defensa es vital.
Ésta debería constituirse como un organismo independiente, sin intereses y sin ningún tipo de vinculación interna, cuyo único interés sea la de defender la integridad de la caza en una sociedad que quiere prohibir su ejercicio.
Dicha plataforma debería ser capaz de hacer un seguimiento permanente de los ataques, campañas y agresiones contra el arte de la caza.
La idea central es la de evitar que las acciones hostiles contra la caza y/o los cazadores sean gratuitas y carezcan de una respuesta organizada a nivel legal y/o comunicativo.
Atacar los puestos de caza por grupos, como Lobo Marley ha hecho, o generar daños en las fincas de caza como estamos viendo estos días, no puede salir gratis.
Insultar a cualquier cazador por el mero hecho de disfrutar de su afición, impedir que se realicen las jornadas de montería, no puede ser impune.
Todo el colectivo debe actuar y apoyar a quienes les corresponda las acciones legales, incluso no pudiendo éstos, ante la pasividad que ostentan quienes deben defender a los cazadores, debe de ser esta plataforma la que tome las riendas de defensa.
Rematando estas notas en defensa de la caza
Espero, por el bien de todos, que se logre la constitución de esta plataforma o que alguno de los organismos existentes se hagan eco de estas necesidades. Es bastante reprochable que sean los propios cazadores, o los profesionales del Derecho que trabajamos al margen de esos organismos, quienes nos pongamos en primera fila de batalla, con una caballería que está en la retaguardia, centrada en valiosísimos proyectos de innovación o convocando importantes manifestaciones en defensa de la caza, que si bien merecen todo mi aprobación, de nada sirve si nos prohíben la caza por no ser capaces de defender la dignidad del colectivo.
Hay argumentos jurídicos, de hecho, existen sentencias favorables frente a múltiples ataques al honor de las personas, a través de las redes sociales, medios de comunicación o a través de acciones directas, que deben extrapolarse al mundo de la caza. Debe defenderse cada ataque personal, puesto que mañana podemos ser nosotros mismos, debe atacarse la impunidad a la que a día de hoy nos enfrentamos como colectivo. Atacar una actividad legal, en una sociedad democrática, no puede quedar impune. CyS
(*)Sociedad Wifi: conectados a una nube y desconectados de la tierra que pisan, de las tradiciones culturales que son propias al ser humano, entre muchas las actividades cinegéticas que se han transmitido de padres a hijos desde que existe nuestro mundo.
