En la prensa

La Fiscalía investiga una montería en el PN de Monfragüe denunciada por Ecologistas Extremadura

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha registrado las diligencias para investigar los hechos denunciados por Ecologistas Extremadura. La denuncia advierte que la actividad cinegética que tuvo lugar en una finca del Parque Nacional de Monfragüe en el pasado puente de la Constitución, fue en realidad una cacería y no una acción de control biológico como sostiene el gobierno regional. Estas prácticas llevan años siendo denunciadas.

No fue un hecho aislado, pero sí el más sonado. La actividad cinegética que tuvo lugar el pasado 8 de diciembre de 2013 en una de las fincas del Parque Nacional de Monfragüe no pasó desapercibida, primero por la fecha en la que se produjo -en pleno puente de la Constitución-, y en segundo lugar porque fue publicitada. Lo que el Gobierno de Extremadura justificó en su momento, y continúa haciendo, como una acción de control biológico, ha sido denunciado por Ecologistas de Extremadura por entender que en realidad se trató, como se ha denunciado otras veces, de una cacería con fines comerciales y recreativos, una actividad prohibida en el parque nacional. Su denuncia, entregada a la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente de Cáceres el pasado mes de febrero ha sido admitida y ésta investigará los hechos ocurridos.

La Fiscalía, en su escrito remitido en abril y al que ha tenido acceso Vozpópuli, informa del registro de las diligencias de investigación penal a raíz de la queja de la asociación conservacionista. Dicha denuncia se dirige contra el director del Parque Nacional y contra sus superiores administrativos, el Director General de Medio Ambiente y el Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura. Sin embargo, ésta no era la primera vez que hechos de esta naturaleza se ponían en conocimiento de la Administración. Según explica a este diario Pablo Ramos, coordinador de Ecologistas Extremadura, llevan años denunciando la celebración de cacerías y sus perjuicios para la fauna y el equilibrio natural de este espacio protegido de enorme valor ambiental, pero el Ministerio de Medio Ambiente no ha actuado. Ramos asegura que no se trata de algo excepcional: “Ha habido personas que han denunciado que iban por una vía pecuaria y se han encontrado con una montería”. El problema -explica- es que “normalmente la gente no se entera, pero lo del 8 de diciembre estaba anunciado y fue más clamoroso”.

En efecto, la actividad cinegética desarrollada en lafinca Las Cansinas del Oeste, gran parte de cuya superficie se extiende por zona de reserva, y a partir de febrero considerada zona de uso restringido, contaba con la autorización de la dirección del Parque Nacional de Monfragüe y de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno regional. Además, se informó a las empresas turísticas de la cita a través de una nota recomendando que, “por razones de seguridad, no se transitara por la carretera de La Bazagona o de los Saltos de Torrejón desde el mirador de la Tajadilla al mirador de la Portilla del Tiétar y viceversa, entre las 11:00 y las 18:00 horas”. Tanto el director general de Medio Ambiente, Enrique Julián, como la portavoz del grupo popular, insistieron de nuevo en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del pasado mes de marzo en que lo que se produjo el puente de diciembre fue una acción de control de poblaciones y limitaba su responsabilidad a la concesión de autorización al propietario de la finca a llevar a cabo una actividad cinegética bajo la tutela de la Administración. No se explican tanto revuelo cuando ese mismo fin de semana había autorización para otros dos supuestos controles.

Sin embargo, como apuntó el diputado socialista Antonio Rodríguez Osuna, la web todomonteria.com anunciaba para ese fin de semana “fincas en abierto para disfrutar de un buen día de caza”, entre las que se encontraba Monfragüe, cuya montería gestionaba la empresa Cinegética Planeta. La cuestión es que se ha incumplido la ley, sentenció Rodríguez Osuna, bien porque se ha hecho con el desconocimiento de la Dirección General, o bien porque la autorización para control biológico se ha transformado en montería mientras la Junta hacía la vista gorda. Según él, se vendieron puestos para esa cacería por entre 1.000 y 1.500 euros y sospecha que el Gobierno regional pueda tener algún tipo de interés en este negocio. Fuentes consultadas aseguran que la afición del consejero de Agricultura y Medio Ambiente extremeño por la caza es conocida y que en la supuesta montería encubierta de diciembre participaron dos rehalas de su propiedad (conjunto de unos 20 perros de caza mayor).

Pesca y caza deportiva, prohibidas en el Parque Nacional

El 49% del terreno del Parque Nacional de Monfragüe (8.747 hectáreas) es suelo público y pertenece al organismo autónomo de Parques Nacionales y el Gobierno de Extremadura, mientras que el 51% (9.104 hectáreas) es superficie privada. Se da la circunstancia de que algunas de las fincas de la zona comparten parte pública y privada, pero según los criterios legales en los que se basa la denuncia de Ecologistas, la declaración de Parque Nacional lleva aparejada la prohibición de “la pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con fines comerciales” (Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales). Además, el Real Decreto por el que se aprueba el plan director de la red de parques nacionales especifica que “la caza y la pesca, como actividades recreativas o como aprovechamiento de animales silvestres, son incompatibles con los objetivos y finalidades de un parque nacional por las repercusiones que tienen sobre los procesos naturales y por su impacto sobre el uso público”.

La ley sí que contempla que la administración gestora del Parque Nacional pueda programar y organizar “actividades de control de poblaciones y de restauración de hábitats, de acuerdo con los objetivos y determinaciones del Plan Director y del Plan Rector de Uso y Gestión”. Pero éste no fue el caso de lo que ocurrió el 8 de diciembre, según la asociación ecologista, ya que los métodos utilizados tienen poco que ver con una acción selectiva y mucho con el negocio de una cacería. La denuncia presentada en la Fiscalía incluye que todas las evidencias apuntan a que fue una actividad cinegética con fines económicos y recreativos. En ella participaron 80 cazadores, entre los que se encontraban españoles y extranjeros, y 25 rehalas de perros de batida y agarre que no diferencian especies protegidas, lo cual no es propio de acciones de control biológico, de las que se encargan empresas especializadas, con personal veterinario y bajo unos protocolos, según apuntó el diputado de IU, Víctor Cascos. «No hubo concurso para contratar a una empresa especializada en el control de especies y se cazó indiscriminadamente».

Las informaciones recabadas que la Consejería no ha confirmado, hablan de 108 ciervos abatidos -de los cuales 33 eran machos y 75 hembras- y 22 jabalíes. Los conservacionistas no comprenden que, tratándose de una especie poligámica, se eliminen machos, ya que un mayor número de éstos ayuda a reducir la población por competencia con las hembras. Además, -argumentan- “de esta cantidad de participantes y de estos medios de batida se deduce que no hay ningún tipo de selección de los animales ni medios para asegurar no causar daños ni molestias en el medio natural del parque”. La asociación adjunta en su denuncia imágenes captadas el día de la presunta montería. En ellas se ve desde un camión de cervezas accediendo ese día a la zona de celebración, hasta un Agente de Medio Natural que recomendaba a los turistas no pasar por una vía pública, perros de rehala vagando por el Parque, algunos de los ciervos abatidos en el momento de su traslado o un cartel que reza “peligro acción de caza” justo delante de un cartel que prohíbe el paso por tratarse de una “zona de reserva”. La justificación de la Dirección General fue que los animales padecían tuberculosis y tenían las cornamentas en mal estado.

Consecuencias de una montería en un espacio protegido

Ramos asegura que “ha habido quejas por ataques de perros de rehalas que en ocasiones se despistan porque han recorrido varios kilómetros y se quedan vagando durante meses”. Pero la supuesta montería del pasado diciembre no sería un hecho puntual. El coordinador de Ecologistas Extremadura cuenta que, según las estimaciones que se manejan, se pueden haber realizado una decena de monterías a lo largo de la temporada en diferentes fincas del parque. Además, “es ilógico que existan zonas protegidas en las que no se puede acceder a observar aves porque te ponen una multa y sí se pueda entrar a pegar tiros”. Los efectos dañinos para la fauna salvaje son enormes, advierte.

El turismo es otra de las partes afectadas. En cuanto se informó de la celebración de la actividad que iba a tener lugar en la finca de Las Cansinas, la Asociación de Empresarios de Turismo de Monfragüe (Atumon) pidió a la Junta un cambio de fecha para no coincidir con uno de los días de mayor afluencia de turistas, cuando el parque alcanza su mayor ocupación del otoño. La patronal turística de Monfragüe dirigió una carta al director general de Medio Ambiente pidiendo trasladar la actividad a una fecha “menos comprometida” y advirtiendo de los peligros que podría conllevar, además de la posibilidad de que los visitantes no entendieran la actividad, lo que “distorsionaría la comprensión del esfuerzo que desde el Gobierno regional se está haciendo en el Parque Nacional”. Desde Ecologistas apuntan las molestias que las jornadas de montería causan a los animales. Entre otras consecuencias, los ciervos se vuelven más desconfiados y tienden a huir de la zona, por lo que a la gente que visita el Parque Nacional para contemplar la fauna le cuesta mucho más verlos.

Al margen del revuelo provocado por la jornada cinegética del 8 de diciembre, el Patronato aprobó la decisión de no permitir más monterías después del día 15 de ese mismo mes, pero la asociación ecologista no sabe si se ha cumplido el compromiso.

Fuente: vozpopuli.com

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