Fuente: las provincias.es -Fernando Bethencourt
«Ahora salimos al campo para nada. Hay tres conejos y no sabemos si el año que viene quedará alguno. Esto es una auténtica depresión». Para Guillermo Saavedra Falcón, cazador de Santa Brígida, así como para una amplia mayoría de aficionados, la situación de la caza ha llegado a un situación límite. Con restricciones en Lanzarote y Tenerife y prohibida la veda en Fuerteventura y La Gomera, en Gran Canaria la temporada, que comenzó el 5 de agosto, se ha quedado huérfana ante la falta de piezas después de que se abriera la misma con una orden más abierta que la del año 2011 al permitir el uso de escopeta durante cinco días, entre el 16 y el 30 de septiembre. «A mí ahora hasta me da vergüenza coger algún conejo por si puedo estar afectando a que ya no haya más el año que viene», asegura a su vez otro asiduo, Paco Pérez, antes de añadir: «Hay que actuar ya; hay que coger conejos, vacunar y repoblar».
Los federados pagan 96 euros por su licencia tanto para el conejo, la perdiz o la paloma y cerca de 150 si en la actividad se utiliza el hurón. Además, deben aportar 43 euros para reglamentar las tarjetas de caza controlada. En contraprestación, éste sector exige que un porcentaje amplio del capital recaudado, calculado por estos en torno a los 450.000 euros para el presente curso, se revierta por parte del Cabildo en el cuidado, el mantenimiento y la adecuación del campo para disponer de una práctica saludable tanto para el cazador como para la sostenibilidad del medio ambiente.
El números de ejemplares mengua cada años y se sitúa en el centro de la polémica. Tanto en Fuerteventura como en La Gomera, el estado desfavorable de las poblaciones de especies cinegéticas impidió la autorización de la caza. Esta medida se justificó, según la orden de veda, como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas, «adoptándose este medida con el objetivo de garantizar el aprovechamiento sostenible de este recurso». Por eso los cazadores de grancanaria, sin piezas y tras pagar sus cuotas, se sienten engañados.
«El Plan Insular de Caza establece que hay que destinar una parte del presupuesto recaudado para la gestión correcta de la caza y esto no se está haciendo». El presidente de la Asociación Canaria de Entidades de Caza, Juan Miguel Sánchez denuncia que en la presente temporada cerca de 800 aficionados a esta actividad, calificada por organizaciones internacionales como de conservación y por las instituciones canarias como de práctica deportiva, han renunciado ha renovar su licencia, que ahora se cifra en torno a los 4.700, por aburrimiento ante la falta de especies para cazar (hace diez años, según explica éste, eran 13.000 las licencias que existían tan solo en Gran Canaria). Para Juan Miguel Sánchez la falta de plantaciones y agua ha afectado a la población de estas especies en los últimos años, por lo que estima que el sector carece de una infraestructura adecuada. Sánchez lamenta que no exista una vigilancia específica en el campo propiciando, de esta manera, tanto la mala praxis de muchos cazadores como la inexistencia de un control de depredadores como perros abandonados y gatos asilvestrados. Sánchez denuncia que no se ha generado ni un solo puesto de trabajo para la cacería pese a contar con un presupuesto más que notable y el imperativo legal según el Plan Insular de Caza. «Hay ocho plazas de agente de medio ambiente que no se han cubierto, de las cuales cuatro de estos puestos de trabajo se deberían haber dedicado específicamente a la vigilancia de la caza y no se han repuesto», denuncia éste al tiempo que argumenta que al mismo tiempo estas tareas profesionales revertirían en cuidados del campo como en lo relativo a la prevención de incendios forestales o protección civil. Por último, el presidente de la Asociación de entidades de Caza estima imperativo recuperar aljibes, incidir en la siembra y potenciar la formación del colectivo. En definitiva «necesitamos un departamento específico y dedicado a la caza en la Administración que fue uno de los compromisos preelectorales de la campaña de Bravo de Laguna», argumenta.
Mientras que para otros conservadores como Antonio Cardona, miembro del Consejo Insular de Caza y ecologista, en el epicentro del problema y en su evolución histórica se encuentran la falta de previsión, una reglamentación más restrictiva y las enfermedades, como la neumonía vírica que asuela el número de ejemplares desde hace años y que se ve incrementado en la presente temporada por una primavera sin lluvias. «Desde el Consejo Insular de Caza se ha pedido al Cabildo que se aplique un vedado de caza, que como si se tratara de un barbecho se cierren espacios durante dos años. Además que se abra el coto intensivo de caza de Piletas», afirma éste antes de explicar que estas propuestas se encuentran en periodo de estudio y tramite por parte de la administración insular.
«Ahora que el Cabildo asuma sus responsabilidades», sentencia Juan Miguel Sánchez. «La gente ha pagado el dinero y ellos lo sabían porque el 15 de mayo nos lo dijeron. No sabemos cómo se ha abierto la veda así y han hecho pagar a todos los cazadores como si fuera una temporada normal de caza. Para nosotros esto ha sido un engañabobos», concluye éste.
