Impugnan el convenio de caza del Cabildo para terminar con los “privilegios” del colectivo | DAlapalma

La Coordinadora Regional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT en Canarias ha impugnado ante los tribunales el convenio de colaboración entre el Cabildo palmero y la Federación Insular de Caza, un acuerdo económico por valor de 73.000 euros que “incumple la normativa de función pública, la cinegética y la de subvenciones públicas” y que se renovó, pese a algunas reticencias iniciales, en abril de 2014.

La caja de los truenos se abre después del envenenamiento, a mediados del pasado mes de agosto, de nueve perros de caza en el sendero de El Time y de la comprobación, aseguran fuentes de toda solvencia de la Unidad Insular de Medio Ambiente, de que no se respetó la cadena de custodia que permitiera garantizar un instrucción minuciosa de los hechos, dado que se manipularon las bolsas con veneno y hasta los cadáveres de los animales muertos. Además, se registró la zona antes de la llegada de los agentes del Seprona. Es lo que afirman las fuentes oficiales de Medio Ambiente, que reconocen que “pese a que no se haya hecho de mala fe por parte de los cazadores, supone una ilegalidad y el incumplimiento de la Estrategia Canaria Contra el Veneno, que recoge el protocolo a seguir en este tipo de intervención”.

La Federación de Caza de La Palma, cada vez más molesta por la intención de la actual consejera de Medio Ambiente de recuperar la gestión directa en la vigilancia de la actividad cinegética insular, potenciando así la contratación de personal funcionario en una plantilla que se ha visto – según los propios sindicatos – desmantelada gradualmente en los últimos años, acordó en su última asamblea reunirse con todos los partidos políticos en fechas de pre campaña electoral, para conocer “quiénes apoyan seguir con el convenio de guardería de caza”. La Federación de Caza, que tal y como recuerdan desde la Federación de Servicios Públicos de UGT “no representan ni mucho menos al colectivo sino a los cazadores que han decidido federarse”, no solo perciben 73.000 euros cada año de las arcas insulares, sino que es el propio Cabildo el que facilita los medios materiales con los que desarrollan su función.

“Resulta significativo que mientras los agentes de Medio Ambiente deben prestar su servicio oficial en vehículos marca Fiat y modelo Panda, con antigüedades superiores a los diez años, se ceden los vehículos todoterreno a una entidad privada, cuyo mantenimiento además corre de cuenta de la corporación insular”, explica Juan Carlos Santana, coordinador regional de agentes forestales y de medio ambiente de la Federación de Servicios Público de UGT en Canarias.

Los votos del colectivo de cazadores en La Palma en fechas electorales han condicionado hasta ahora y durante años más una decisión política, pero ahora puede ser un proceso contencioso administrativo el que ponga el cascabel al gato. Solo el Cabildo insular de La Palma mantiene vigente el convenio con la Federación de Caza para la contratación de dos guardas que vigilen la actividad cinegética insular. El último convenio vigente en el archipiélago se dio en Fuertenventura, donde, como ocurre ahora con La Palma, la Coordinadora Regional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de UGT impugnó y consiguió dejar sin efecto ese acuerdo bilateral entre la institución insular y la entidad privada de base asociativa.

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One Comment

  1. José Agustín López Pérez

    Desde mi punto de vista no es un privilegio, ahora me gustaría ver la cara de los agentes de medio ambiente multando a los cazadores que incumplen, y corriendo detrás de un furtivo cazando de faro con una escopeta cargada por la noche, no es un trabajo fácil, pienso que ya tienen bastantes problemas jugandose la vida luchando contra el fuego, eso si, siempre se agradecería su colaboración con una llamada de teléfono a los guardas de caza, guardia civil, o cualquier agente de la autoridad para que los impresentables cumpliesen la norma. Otro tema es que el colectivo de cazadores es muy grande, hay gente buena, menos buena, y por desgracia gente mala, malisima, y si hay malvados que son capaces de tomar represalias contra otros cazadores envenenándole los perros …. ¿que serian capaces de hacer si el que los multa es un agente de medio ambiente?, creo francamente que a pesar de que ellos tienen que formar parte activa en la vigilancia de la caza son otros los que tienen que dar la cara por ellos ante los cazadores, sea guardia civil, policía municipal, o llámese guardería de caza, creo que la medida es un error.

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