La nueva Ley de Caza calienta los ánimos entre cazadores y ecologistas

El anteproyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha, aprobado el pasado 25 de septiembre por el Consejo de Gobierno regional, ha intensificado en los últimos días la confrontación dialéctica entre los grupos contrarios a los términos en los que se desarrolla el texto y las organizaciones de cazadores y propietarios cinegéticos, a favor. La Plataforma contra la Caza, formada por 34 entidades ecologistas, animalistas, deportistas, políticas y sindicales, se ha mostrado en contra de la futura ley porque “tendrá un impacto negativo en la naturaleza”, mientras que asociaciones como Aproca y Atica ven positiva la norma para el sector porque dará “más flexibilidad” a la actividad.

Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción (EA) en Castilla-La Mancha, expresó a Lanza la inquietud del colectivo en algunos aspectos como la captura a tiros de animales domésticos, como perros y gatos. “La Consejería no es consciente de que la legislación en materia de protección animal ha cambiado para mejor respecto a la ley anterior (Agricultura señaló que este punto también lo contemplaba la última norma de 1993), no es de recibo”, señaló en declaraciones a Lanza.

Aclaró que estos animales “no son especies cinegéticas y, por tanto, no se pueden cazar, sin excepciones ni condicionados”, además de mostrarse a favor de técnicas “alternativas de captura” de perros y gatos asilvestrados que provoquen daño al ecosistema, a la agricultura y a la caza. “Hay otras técnicas, con los dardos anestesiantes”, aclaró, a la par que denunció que “si abren la mano para el control de estos animales, se deja en mano del guarda de coto, y nadie sabe cómo lo hace y si el animal sufre o no”.

Hernández también calificó de “barbaridad” el uso de métodos de caza con lanzas o lazos “prohibidos en el resto de España”, y las formas “caducas, retrógradas y medievales” de abatir jabalíes a caballo.

El portavoz de EA criticó que sólo se hayan admitido un 10% del millar de alegaciones presentadas al texto, y de las 174 transmitidas por la organización ecologista “han aceptado una veintena, el 90% de ellas con correcciones y sólo una con una modificación sustancial”. En concreto, subrayó, “han introducido una salvedad en cuanto a las multas de hasta 30.000 euros para las personas que espanten a la caza (turistas, apicultores, caballistas…), si circulan por vías públicas”.

“El resto que tienen que ver con los cotos, la defensa animal, el impacto de protección a la naturaleza y sobre el uso público de los montes no han sido admitidas”.

El Partido Animalista -Pacma- también exigió recientemente la retirada del anteproyecto de ley por suponer “un mayor perjuicio sobre los intereses de animales salvajes e, incluso, de los domésticos”, así como llamó la atención de la edad mínima para la caza  (14 años), “una de las edades más bajas de todo el país”, además de  “poner en riesgo la seguridad de las personas que quieran disfrutar de la naturaleza”.

Ambas organizaciones aseguran que la futura ley incentivará “un modelo de caza más intensivo y comercial”, así como la nueva denominación de zonas colectivas de caza (antiguos cotos sociales) “es perjudicial” porque éstos tendrán que disponer de una superficie de 1.000 hectáreas, mientras que para los cotos de caza (privados) solo serán necesarias 250 hectáreas.

500 años de caza

De su lado, el empresario y consultor en ecoturismo José Ignacio Vega, presidente de la Asociación de Turismo Sostenible de Cabañeros, también fue crítico con el texto que se está elaborando para regular la actividad cinegética en Castilla-La Mancha. “Nos hemos adherido a la plataforma porque vivimos en una comarca en la que se lleva cazando desde hace 500 años, y nos sorprende cuando al administración dice que esta actividad enriquece a las poblaciones”, manifestó.

“Que lo demuestren y manejen los números reales”, instó a Administración, dado que la privilegiada zona de Cabañeros  y Montes de Toledo “es el espacio cinegético más importante de Europa por número de hectáreas, con más latifundios de caza mayor, pero es una de las sociedades más pobres de España”.

Vega denunció el déficit en infraestructuras de servicios básicos, el aumento de población envejecida, la reducción del 50% en renta per cápita y una deuda de cerca de dos millones de euros para una demografía que no llega a los 6.000 habitantes. “Es una aberración política lo que están haciendo con la comarca”, aseguró.

“No es de ricos”

En la otra orilla está la voz de Juan Caballero, presidente de la Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades afines al sector cinegético de Castilla-La Mancha (Atica), que resaltó la excepcionalidad de abatir a animales domésticos asilvestrados que amenazan a otros protegidos “como por ejemplo las especies que anidan en el suelo como las avutardas”.

“Con el tema de los perros y gatos critican a la caza como si fuera una actividad de ricos, cuando el 80% de las licencias de caza son personas de una renta media y baja”, dijo y destacó “los puestos de trabajo que crean las grandes fincas, que en muchos pueblos es el principal medio de vida”.

Aseguró que la ley “es buena” porque dará más facilidades a los funcionarios, tendrá menos burocracia y se adaptará más a la realidad”, así como en el tema del tipo de cotos “las sociedades de los pueblos también podrán acceder a cotos de 250 hectáreas. Con todo, Caballero señaló que “todavía le queda mucho recorrido” y que será el reglamento de caza “el que afine” el contenido de la norma.

Demagogia

El presidente de la Asociación de Caza y Conservadores del Medido Rural (Aproca), Luis Fernando Villanueva, también se mostró a favor de la futura Ley de Caza, se quejó “de las barbaridades” que están vertiendo los grupos ecologistas, sobre todo con el tema de perros y gatos “cuando en todo el texto no se mencionan esos animales”. Por ello, señaló que “ante la demagogia y las mentiras, analizaremos lo que dicen porque es querellable”.

Villanueva vio la norma, “que todavía le quedan muchos trámites”, positiva por las medidas para  mejorar el estado de las poblaciones cinegéticas, los cambios en los cupos en caza mayor, la reducción de los trámites administrativos y la profesionalización de los planes de gestión a través de los planes de Ordenación Cinegética.

 

vía La nueva Ley de Caza calienta los ánimos entre cazadores y ecologistas.

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